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comparecerán ante la Audiencia Nacional para que los tribunales decidan sobre su ilegalización

El sindicato de las prostitutas llega a la Audiencia Nacional y las feministas piden que se retire la demanda

Más de 1.200 mujeres de toda España han firmado un manifiesto para pedir que se retire la demanda judicial que pide ilegalizar el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. Mientras en la Audiencia Nacional comparecen por un recurso interpuesto contra la creación del mismo.

En el manifiesto, que firman, entre otras, numerosas concejales de Podemos y sus confluencias de toda España, como la edil de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez, la diputada Jéssica Albiach y las activistas feministas Mireia Bofill y Begoña Zabala, defienden que "el feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución".

El manifiesto recuerda que "no es la primera vez que el debate sobre la prostitución y el trabajo sexual se abre paso dentro del feminismo; pero sí la primera que lo hace con tanta intensidad y atención desde fuera de los círculos propios de los debates feministas y bajo una pretendida unanimidad".

La Audiencia Nacional celebra dos vistas para analizar si anula el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS, después de que diversas organizaciones feministas hayan demandado tanto al sindicato como al Ministerio de Trabajo por su constitución.

La primera demanda que estudiará el tribunal será la presentada por la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres contra el sindicato con el objetivo de que se declaren nulos sus estatutos y, por tanto, a la propia organización.

La segunda demanda es la presentada por la organización L'Escola A.C. contra el Ministerio de Trabajo al considerar que no ha cumplido con su función de control antes de admitir los estatutos.

La constitución del sindicato OTRAS se publicó en el BOE el pasado 4 de agosto después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales. Su secretaria general, Concha Borrell, da por ganada esta batalla y defiende que han cumplido con todos los requisitos legales.

Al trascender la noticia, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció que le habían metido "un gol por la escuadra", ya que desconocía que su departamento había dado el visto bueno a la constitución del sindicato, y prometió que el Gobierno estudiaría cómo revocar esa decisión.

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