Christine Lagarde, directora del FMI

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EN UN INTERROGATORIO DE CASI 24 HORAS

Lagarde, declarada "testigo asistido" y no imputada en el caso del empresario Tapie

Lagarde podría haber sido imputada por complicidad en la falsificación y malversación de fondos públicos. Se investiga si la entonces ministra de Finanzas con Sarkozy y amiga de Bernard Tapie optó por el arbitraje y renunció a recurrir a los tribunales para favorecer al empresario expropietario de una marca de ropa deportiva.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue declarada como "testigo asistido" y no como imputada por los jueces que investigan su gestión en su anterior puesto de ministra de Fianzas de Francia en un controvertido litigio con un empresario. "Mi condición de testigo asistido no es una sorpresa para mí porque siempre he actuado con arreglo a la ley y a los intereses del Estado", declaró Lagarde a la salida de un interrogatorio que ha durado casi 24 horas durante dos días.

En Francia, a la figura de "testigo asistido" no se le imputa ningún delito y se le permite declarar ayudado de sus abogados, aunque su estatus no es el de un mero testigo. La que fuera ministra de Finanzas con el anterior presidente de Francia Nicolas Sarkozy dijo que su explicaciones a los jueces del Tribunal de Justicia de la República, el único habilitado para juzgar a aforados como ella, "han permitido aportar respuestas y despejar dudas" en "un caso complejo y antiguo".

La máxima responsable del FMI podía haber sido imputada por complicidad en falsificación y malversación de fondos públicos al término de su comparecencia ante los magistrados para explicar por qué en 2007 decidió que un tribunal arbitral privado resolviera el contencioso que desde hacía una docena de años enfrentaba al Estado francés con el empresario Bernard Tapie, expropietario de Adidas.

Se investiga si la que fuera ministra de Finanzas de Francia con Sarkozy, amigo de Tapie, optó por el mecanismo de arbitraje y renunció a recurrir a los tribunales ordinarios en contra de los intereses públicos para favorecer al controvertido empresario, a quien el arbitraje concedió una indemnización de 403 millones de euros (unos 520 millones de dólares) en 2008.

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