LAS CUENTAS CATALANAS, YA INTERVENIDAS

Hacienda aclara que el Gobierno y no la Generalitat se ha encargado de pagar las nóminas a los funcionarios catalanes

Poco después de que Hacienda informara de que se encargaba de abonar ya la nómina de este mes a los empleados públicos catalanes, el Govern aseguraba haber avanzado el pago a este mismo jueves. Sin embargo, el Ministerio de Cristóbal Montoro ha aclarado que eso no era posible porque sus cuentas están intervenidas, y que ha sido desde Madrid donde se ha autorizado el pago.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el martes a su llegada a su comparecencia en el Congreso

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el martes a su llegada a su comparecencia en el CongresoEFE

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El Ministerio de Hacienda ha autorizado el pago de la nómina de los funcionarios catalanes, ya que la Generalitat de Cataluña tiene bloqueada su tesorería y sólo puede mover dinero de sus cuentas bancarias previo permiso del Gobierno. Fuentes de la Generalitat han afirmado que el Govern ha avanzado el pago a este mismo jueves, antes de que el Ejecutivo central haya podido poner en marcha el mecanismo para realizar el pago de las nóminas de los funcionarios catalanes.

Sin embargo, fuentes de Hacienda han subrayado que el mecanismo de control de los pagos ya está en marcha y que la Generalitat tiene bloqueadas sus cuentas, de manera que no puede hacer movimientos si no es con la autorización previa de Hacienda. Por eso, tras recibir la información pertinente sobre las nóminas de los funcionarios, Hacienda ha dado autorización al banco para que se pagasen.

El abono de las nóminas y el pago de otros servicios públicos básicos como sanidad y educación, entre otros varios, está en manos de Hacienda, que también acordó una no disponibilidad de crédito del presupuesto de la Comunidad para este año. Según dijo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este mecanismo de control se mantendrá de manera indefinida, durante todo el tiempo que sea necesario para garantizar que no se incumple la legalidad y que no se desvía dinero público a financiar el referéndum del 1 de octubre.

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