El Gobierno considera que no hay mucho margen para que las pensiones suban el año que viene por encima del 0,25 %, el mínimo garantizado en la reforma que se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014 tras pasar el trámite parlamentario. Según han explicado fuentes gubernamentales, el nuevo índice de revalorización de pensiones permite actuar sobre las variables de la fórmula para que, aún estando el sistema en déficit, la prestación pueda subir por encima del mínimo garantizado.
No obstante, el Ejecutivo ve complicado que el año próximo haya una revalorización superior al 0,25 % dado el déficit de la Seguridad Social, que en 2013 será de alrededor de 14.000 millones y que en 2014 seguirá en el entorno de 10.000 millones. Las variables sobre las que se puede actuar a la hora de decidir cuánto subir las pensiones cada año son fundamentalmente los gastos y los ingresos del sistema, ya que se puede optar por reducir la velocidad de corrección del déficit o por tomar medidas que aumenten los ingresos, por ejemplo.
Lograr el equilibrio presupuestario del sistema es irrenunciable, además de ser un mandato constitucional, recuerdan las mismas fuentes, que ven más posibilidades de actuar por el lado de los ingresos como han reclamado las centrales sindicales. En este sentido, el Gobierno considera posible revisar al alza las bases máximas de cotización y cifra en 600 millones de euros el ahorro que supondría una subida de cinco puntos.
Otra de las cuestiones que el Ejecutivo está dispuesto a tratar es que las pensiones de muerte y supervivencia se vayan pagando de forma paulatina con cargo a los presupuestos generales del Estado, como reclaman los sindicatos. Sin embargo, cree que esa cuestión ha de plantearse dentro de una reordenación completa en la que se debata también su compatibilidad con otras prestaciones o salarios, su carácter vitalicio o si se debe conceder independientemente del nivel de renta.
Asimismo tiene otros temas identificados sobre los que se puede actuar, como la revisión de conceptos que están excluidos de cotización a la Seguridad Social (dietas o retribuciones en especie, por ejemplo) o el ajuste de las cotizaciones de los autónomos a los salarios reales, aunque manteniendo la libre elección de la base de cotización por parte del autónomo.
El Gobierno insiste que los cambios en la revalorización de las pensiones, que desde 2014 ya no subirán automáticamente con el IPC, no tienen como objetivo ahorrar, sino adecuar el sistema a una realidad económica que podría llevar a su quiebra si no se toman medidas. En este sentido, las fuentes señalan que las previsiones incluidas en la Ley 27 de 2011 (la reforma de las pensiones del Ejecutivo socialista) se desviaron casi una década, ya que se pronosticó que no iba a hacer falta recurrir al fondo de reserva hasta 2020 y hubo que utilizarlo en 2012.
Las fuentes mencionadas consideran que plantear el debate sobre las pensiones en términos de pérdida de poder adquisitivo es simplista e irreal, además de generar dudas en los pensionistas, a quienes se hace creer que sus pensiones se verán mermadas. Por eso recuerdan que las pensiones no van a bajar y confían en que la inflación se modere y se mantenga en niveles inferiores al 2 % gracias al efecto de la ley de la desindexación de la economía -que aún ultima el Gobierno-, que desligará precios y rentas públicas de la evolución del IPC.
