Francisco Iñareta, sobre la Ley de Vivienda: "Burocratizar la recuperación de una casa va contra el propietario"

El Gobierno ha puesto en marcha la nueva Ley de Vivienda, que amplía las zonas tensionadas y centra su atención en limitar los precios del alquiler de forma estructural.

De hecho, esta norma consolida el tope al precio del alquiler para todo el país, independientemente de que sea o no área tensionada, además se rebajará de 10 a 5 inmuebles el criterio para ser considerado gran tenedor.

En el Ejecutivo celebran que esta nueva ley va a regular el mercado, poner coto a la especulación y frenar el aumento de los alquileres. Sin embargo, los propietarios reconocen que están inquietos ante la aprobación de esta nueva legislación.

Sobre el asunto, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, explica que "el Gobierno parece que quiere solucionar el problema de los alquileres en España con leyes que ya han demostrado ser fallidas en todos los sitios donde se han aplicado. Estamos hablando de Berlín, París o Barcelona, donde tras aplicar el tope lo que han visto es cómo la oferta se drenaba todavía más, cayó un 40%, y los precios han subido un 20%", detalla.

A su juicio, el principal problema del alquiler en el país no es otro que "la falta de oferta disponible". En este sentido, Iñaerta remarca que esta ley "lejos de hacer florecer nuevo producto en el mercado, está encaminada a retirar más".

"No es una cuestión de ideología, es una cuestión de que ya hemos probado estas medidas, y allí donde se han llevado a cabo no han funcionado. Ya lo hemos visto, es una cosa empírica, no es un capricho personal", precisa.

¿Penaliza la nueva ley al propietario como para que se planteé dejar su vivienda? A juicio de Iñareta sí. "Todas estas medidas punitivas y coercitivas, lejos de ver al propietario como una solución, lo están viendo como el problema", lamenta.

¿Qué pasará con la okupación?

Otra de las cuestiones que más debate suscita es si esta norma solucionará la okupación. Al respecto, el portavoz de Idealista asegura que "todas las medidas que de alguna manera dificulten o burocraticen aún más los procesos de recuperación de una vivienda en caso de impago u okupación, desde luego van en contra del propietario y a favor de las personas que están en la vivienda de manera ilegal", advierte.

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