Fernández asegura que renunció al ERE de su empresa y se abstuvo en la negociación

El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, ha dicho a la juez que investiga los ERE irregulares que desde julio de 2008 renunció a los 386.000 euros que le correspondían por jubilarse en su empresa González Byass y que se abstuvo de participar en la negociación de ese expediente.

La tercera jornada de declaración de Fernández ha estado marcada, igual que el día precedente, por la tensión entre la juez Mercedes Alaya y el imputado, lo que incluso ha dado lugar a una suspensión cuando Fernández ha mostrado su "sentimiento personal de indignación por el hecho de que el debate se plantee en estos términos" de que él intentase hacer un "aprovechamiento personal" de su puesto como consejero.

La juez le ha respondido que "lo comprende humanamente, pero ella cumple con su obligación", según han informado a los periodistas abogados personados en la causa. El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha dicho a los periodistas que no es cierta la afirmación de la juez de que el imputado renunció a su indemnización en la bodega González Byass cuando hace unos meses conoció la apertura de este proceso penal.

Por el contrario, según el letrado, Fernández no firmó la póliza de adhesión cuando lo hicieron en julio de 2008 los otros 93 trabajadores incluidos en el ERE y ese era un "requisito constitutivo" que le hizo perder entonces el derecho a cobrar. Otro debate se ha centrado en si Fernández perdió su derecho a ser incluido en el ERE de González Byass cuando en 1987 no renovó la excedencia que había pedido en 1983 al ser elegido concejal del Ayuntamiento de Jerez por el PSOE.

En contra de la opinión de la juez de que debió renovar la petición de excedencia por escrito, su defensa sostiene que Fernández no dejó de ser cargo público, pues luego fue diputado andaluz y alto cargo de la Junta, y lo único que tendría que haber solicitado por escrito sería la petición de reingreso en la bodega. Según Martínez del Hoyo, es "insólito" que se plantee en la declaración de Fernández este "debate jurídico, técnico y laboral de cuyo resultado penden graves consecuencias jurídico-penales" para su cliente.