El decreto antidesahucios genera incertidumbre: qué dice la norma y qué dudas siguen sin resolverse

La prórroga de la moratoria de los desahucios, incluida dentro del llamado escudo social, ha vuelto a abrir el debate sobre su aplicación real. Aunque el objetivo del decreto es proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, el texto sigue dejando vacíos que generan confusión, especialmente entre los propietarios.

¿En qué consiste la moratoria de los desahucios?

La medida amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. En teoría, la prohibición se activa cuando existe un contrato de alquiler y el inquilino deja de pagar por una situación económica acreditada por los servicios sociales. En estos casos, el procedimiento de desahucio puede paralizarse. Sin embargo, si el propietario demuestra encontrarse en una situación de vulnerabilidad superior a la del inquilino, la Administración deberá ofrecer una alternativa habitacional. El problema es que esto podría tardar semanas, incluso meses porque "un juez tendría que dirimir posteriormente cual de los dos es más vulnerable para poder quedarse en la vivienda" según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Afectado por la okupación e inquiokupación.

¿Qué excepciones hay?

Uno de los puntos que más dudas genera es el que se refiere a los propietarios con una o dos viviendas. En teoría, ellos sí podrían ejecutar el desahucio incluso cuando el inquilino se encuentre en situación vulnerable, ya que no quedarían protegidos por las prórrogas del escudo social. En teoría, no importaría si los propietarios tienen las dos viviendas alquiladas o no porque a juicio de Bravo "no se especifica en ninguna parte del decreto cual es la función que tiene que cumplir cada una de esas viviendas por lo tanto incluiría a cualquier propietario de una o dos viviendas".

¿Quién se hace cargo de las familias desahuciadas?

Otra de las grandes incógnitas tiene que ver con la responsabilidad en caso de que el desahucio finalmente se lleve a cabo. El decreto señala que serán los servicios sociales los encargados de buscar una alternativa habitacional de emergencia, pero no concreta plazos, recursos ni mecanismos reales para hacerlo efectivo. De hecho, "los servicios sociales no están ofreciendo vivienda porque no existen, están colapsados y no tienen recursos para atender a tanta familia vulnerable", según Bravo.

Esta falta de concreción preocupa tanto a las familias afectadas como a los propios caseros, que no tienen claro quién asume la situación cuando el desahucio se produce y no existe una solución inmediata.

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