Consumo obliga a Airbnb a eliminar casi 66.000 anuncios "ilegales" de pisos turísticos

El Gobierno endurece su política de alquiler de pisos turísticos y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ordena el bloqueo de casi 66.000 anuncios de viviendas de la compañía Airbnb por considerarlas "ilegales".

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, ha instado a la filial en Irlanda a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos "ilícitos" por "contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos", según recoge el comunicado.

En concreto, el ministro de Consumo toma la decisión de bloquear los anuncios de alquileres turísticos asegurando que se vulnera la normativa de las comunidades autónomas donde se han detectado los anuncios, y que en todos los casos se trata de viviendas completas de uso turístico, sin que aparezcan anuncios de habitaciones individuales.

El caso viene de lejos. Durante los últimos meses, Consumo ha notificado a Airbnb que esos casi 66.000 anuncios de pisos turísticos eran ilegales y en las resoluciones remitidas pedía a la empresa bloquear esa publicidad.

Sin embargo, Airbnb recurrió esta acción ante los tribunales y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado: avala las actuaciones del Ministerio de Consumo. Así, el Tribunal Superior de Madrid obliga a retirar 5.800 anuncios de forma inmediata.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado afectan a la publicidad de viviendas turísticas de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

¿Por qué se consideran ilegales?

Desde la Dirección General de Consumo explican por qué consideran estos anuncios ilegales y que estarían incumpliendo de las normativas.

• Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, siendo esta la infracción más común en la publicidad analizada.
• Los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, se desconoce si son profesionales o particulares. Este punto es fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
• Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que "puede inducir a error o a engaño".

Por ello, el ministro Bustinduy asegura que su objetivo es colaborar con las administraciones públicas "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", para poner fin "a los miles de anuncios ilícitos detectados" y para favorecer el acceso a la vivienda.

Ya en diciembre de 2024, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa. En febrero de 2025 también abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar la naturaleza jurídica del arrendador.

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