Desahucio
El caso de Maricarmen pone el foco sobre los desahucios: ¿qué protección tenía con un contrato de renta antigua?
La situación de la mujer de 87 años desahuciada en Madrid pone de nuevo el foco en los contratos anteriores a 1985 y en las medidas de protección para los inquilinos vulnerables.
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El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa del madrileño distrito de Retiro, ha reabierto el debate sobre las herramientas disponibles para proteger a los inquilinos vulnerables. Su caso, sin embargo, tiene una particularidad: vivía bajo un antiguo contrato de alquiler que había pasado por varias subrogaciones.
La vivienda estaba alquilada originalmente mediante un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras los cambios posteriores en la titularidad del arrendamiento, Maricarmen se quedó en la vivienda mediante una segunda subrogación.
¿Qué ocurre con los contratos de renta antigua?
Los contratos de renta antigua son aquellos firmados antes del 9 de mayo de 1985 y están sometidos a un régimen diferente al de los alquileres actuales.
En el caso de Maricarmen, el punto clave estaba precisamente en las subrogaciones. Una vez agotadas las posibilidades de mantener el contrato original, la propiedad podía plantear una nueva relación contractual. El conflicto terminó en los tribunales y el Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad en marzo respecto a la segunda subrogación.
Maricarmen tenía además reconocido un 50% de discapacidad. Según la información aportada, con un grado de al menos el 65% habría contado con un nivel superior de protección para intentar permanecer en la vivienda. Tras ejecutarse finalmente el lanzamiento, su situación habitacional pasa a depender de las alternativas que puedan ofrecerle los servicios sociales.
La anciana está ahora mismo en el hospital junto a su primo, que vive en Segovia. Parece que se quedará a vivir con él tras rechazar las propuestas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para ingresar en una residencia.
El debate sobre la moratoria antidesahucios
El caso ha saltado también al terreno político. El Gobierno ha recordado que la protección extraordinaria frente a determinados desahucios de personas vulnerables nació durante la pandemia y fue prorrogándose posteriormente dentro del denominado escudo social. Este miércoles, miembros del Ejecutivo han responsabilizado a PP y Vox del rechazo parlamentario de iniciativas destinadas a mantener esas medidas.
Según el texto facilitado, PP, Vox y Junts rechazaron durante 2026 la prórroga al considerar que podía favorecer situaciones de ocupación y morosidad, incluso después de introducirse excepciones para pequeños propietarios.
Más allá del caso concreto de Maricarmen, el problema vuelve a desembocar en una cuestión estructural: una elevada demanda frente a una oferta insuficiente. Entre las soluciones planteadas aparecen aumentar el parque de vivienda social y asequible, incrementar la oferta disponible y mejorar la coordinación, los recursos y los tiempos de respuesta de las administracione.
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