El Consejo de Ministros decidió hace siete meses, cuando salió a la luz la ley de Seguridad Ciudadana, que ésta se sometiera al dictamen de diversos organismos públicos, ya que "el objetivo era que contribuyera a garantizar más y mejor la seguridad ciudadana, pero con un escrupuloso respeto a la Constitución". "Este texto cumple ese objetivo", asegura el ministro.
Fernández Díaz asegura que la ley garantiza la defensa de los derechos fundamentales de los españoles.
Esta nueva ley está sometida por el CGPJ, la Agencia Española de Protección de Datos, el cOnsjeo Fiscal, y el COnsejo de Estado. También desde la FEMP y de varias entidades de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace.
Los objetivos de la Ley, de 55 artículos y en sintonía con el Código Penal, pasan por trasvasar diversas faltas del procedimiento penal al administrativo.
El Gobierno prohíbe las redadas policiales por razones étnicas
El Gobierno prohíbe por primera vez por ley las identificaciones policiales indiscriminadas o por razones étnicas. Fernández Díaz ha destacado que "por primera vez una norma de carácter legal prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos".
La ley de Seguridad Ciudadana regula por primera vez los cacheos
Se establece una nueva regulación de la actuación policial (indentificación, controles, cacheos en la vía pública). Asimismo, se mejora la tipificación de las infracciones, se reduce el margen de discrecionalidad y se ajusta a criterio la cuantía de las multas.
Con esta nueva ley, explica Fernández, "se regula por primera vez la práctica de registros corporales o cacheos".
Por otro lado, se regula el traslado a dependencias policiales cuando no sea posible la identificación de la persona por medios físicos o telemáticos y nunca durante más de seis horas.
En cuanto a las manifestaciones, explica Fernández Díaz que "se pretenden sancionar las acciones violentas o agresivas, en ningún caso reprimir", solo garantizar el "derecho de reunión". Asegura el ministro del Interior que la nueva ley "protege por primera vez ese derecho y castiga la perturbación del derecho a reunión".
Sobre las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados o el Senado, la vigente ley, de 1992, las considera infracción grave. Ahora, la infracción pasa a ser leve. "Solo será grave si hay una perturbación grave por aquellos que se manifiesten", aclara Fernández Díaz.
Por último, concluye que "este proyecto está en condiciones de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana".
