El presidente del PP de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha negado que haya ningún intruso en los cinco expedientes de regulación de empleo (ERE) realizados en empresas de la Faja Pirítica de Huelva, tramitados por el Gobierno andaluz pero que contaron con ayudas extraordinarias del Gobierno de la Nación presidido por José María Aznar. Zoido fue delegado del Gobierno en Andalucía entre los años 2002 y 2004.
En su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria, Zoido ha insistido en que la Administración General del Estado "ni participó ni financió ninguno de los ERE o ayudas extraordinarias sociolaborales con intrusos detectados en Andalucía", como se deduce de la documentación que obra en su poder.
El dirigente 'popular' ha manifestado que el Gobierno de la Nación actuó durante todo el procedimiento "con luz y taquígrafos", siguiendo el trámite "legalmente establecido". Asimismo, ha apuntado que "no se actuaría tan mal", cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siguió haciendo frente al pago de estas ayudas extraordinarias.
Según ha argumentado el presidente de los populares andaluces, el primer cargo del PP que comparece ante la comisión, todos los intrusos detectados que investiga la Justicia fueron incluidos en otras pólizas que "fueron financiadas con fondos de la Junta de Andalucía y desde luego bajo su responsabilidad", ha argumentado.
Rifi-rafe entre Carmen Martínez Aguayo y Rafael Carmona
También ha declarado la actual consejera de Economía del Gobierno andaluz, Carmen Martínez Aguayo. Como el resto de los altos cargos que han comparecido, ha asegurado que ella no tenía competencias, que era un asunto llevado exclusivamente por Empleo. Esto ha motivado un enfrentamiento con el portavoz 'popular'.
Rafael Carmona ha ironizado que Martínez Aguayo "o sufre amnesia o falta a la verdad" porque como miembro del consejo rector del IFA -organismo pagador- tiene competencias en su aprobación, ha alegado. La consejera ha replicado que el interventor no calificó de "ilegal" el procedimiento utilizado ni el marco de financiación, y ha negado que la Junta "haya pretendido montar un procedimiento para hurtar, robar o malversar y 6.000 trabajadores lo atestiguan".
Carmona ha reprochado a la consejera que hubiera actuado para aumentar la dotación de la partida 31L, y "sabían porqué se producían los desfases", y no lo hicieron para cambiar los procedimientos "ilegales" de tramitación de las ayudas.
Además, ha comparecido Gaspar Zarrías, la mano derecha de Manuel Chaves. El exconsejero de Presidencia ha afirmado que nadie le informó de posibles ilegalidades y que desconocía los procedimientos que se utilizaban.
