La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes un expediente sancionador contra la empresa Uber fundamentalmente por prestar una actividad de transporte de viajeros sin licencia, según han indicado fuentes de la Consejería de Transportes.
Según las mismas fuentes, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, ha sido el que ha remitido ese requerimiento tras comprobar que la empresa no ha aportado la documentación acreditativa para hacer esta actividad, una vez finalizado el plazo para aportarlo el pasado viernes.
Las mismas fuentes recalcan que la empresa tiene 15 días para alegar contra esta medida y puede también presentar recurso de alzada ante la decisión de la Comunidad. La sanción que recaería sobre Uber alcanzaría los 18.000 euros.
El consejero de Transportes ha recalcado que su departamento no está en contra de la aplicación en sí sino que su misión es fomentar que haya "igualdad de competencia" con respecto a otras empresas y, por eso, se le ha requerido la documentación para comprobar si cumplía todos los requisitos exigidos para prestar esta actividad.
Desde la Consejería también han indicado que el pasado viernes en el aeropuerto de Barajas se detectó mediante una inspección rutinaria a un vehículo que estaba en la zona para transportar pasajeros a través de la aplicación. Por tanto, en próximos días se le comunicará la apertura de un expediente sancionador. Por otro lado, desde Transportes detallan que los usuarios de Uber no van a ser objeto de inspección ni sanción.
Además, desde el departamento que dirige Pablo Cavero recuerdan que la semana pasada hubo una reunión con las asociaciones representativas del taxi donde el Gobierno regional trasladó que iban a garantizar la correcta competencia en el sector del transporte y ejercerían las competencias de inspección y sanción para aquellas empresas que no cumplieran los requisitos establecidos para el transporte de viajeros.
Finalmente, desde la Comunidad de Madrid también se trasladó al sector del Taxi que se iba a remitir una carta al Ministerio de Fomento recomendando que se reuniera con todas las comunidades para encontrar una solución global ante la irrupción de este tipo de aplicaciones. En este aspecto, detallan que ahora la legislación regional en la materia es la trasposición de una norma nacional.
