El fiscal Salvador Viada, sobre Álvaro García Ortiz: "El fiscal general borró las pruebas directas de su caso"

"Algunos dicen: 'es que no hay pruebas directas' contra el fiscal general. ¡Hombre claro!, es que las borró, las borró, y eso es un indicio; si borró algo no es porque le beneficiara, sino lo contrario". Es la afirmación de Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, en el programa Espejo Público. Viada es presidente emérito de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, personada como acusación en el proceso judicial contar el Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo. Viada considera que, tras su procesamiento, Álvaro García Ortiz debería dimitir.

Viada explica que, a falta de pruebas directas, los indicios pueden servir para sustanciar una hipotética sentencia condenatoria. "Los condenas penales pueden sustentarse en una prueba directa o en una prueba indiciaria, que es válida para desvirtuar la presunción de inocencia que el fiscal general mantiene íntegra en este momento", señala el exfiscal. Y añade: "Un indicio es un elemento que apunta en una dirección, puede haber otro indicio que apunte en la misma dirección, habrá que valorar si hay contraindicios, pero es relevante que horas después de que el fiscal general tuviera ese correo que había reclamado a sus subordinados, lo tenía en su poder el Gobierno; y el Gobierno no ha explicado de dónde lo ha sacado".

El fiscal general, ¿en el banquillo?

Viada es el fiscal que en su momento afirmó haber visto al fiscal general revisar su teléfono móvil con la fiscal del caso poco después de que se lo devolviera la Guardia Civil durante el registro en la sede de la Fiscalía General del Estado. "Lo que yo vi no tiene nada que ver con el fondo del asunto, -reconoce-, sino más bien con la, entonces para mí clarísima, complicidad que había entre el investigado en una causa y la fiscal de esa causa; es algo con lo que éticamente los fiscales deberíamos tener mucho cuidado".

El juez del Supremo que investiga el caso, Ángel Hurtado, acaba de dictar el auto que transforma en procedimiento abreviado este asunto. O, explicado más claramente, procesa al fiscal general y a la fiscal jefe de Madrid por un supuesto delito de revelación de secretos. ¿Es precipitado dar por hecho que van a ir al banquillo, a juicio? "Las defensas van a recurrir este auto, no sé si incluso incluir a la fiscalía entre las defensas, -añade Viada-. Van a recurrir este auto ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo y esa es la sala que va a decidir si es correcta o no la decisión tomada por el juez instructor; si la sala revoca este auto no habrá banquillo pero si no lo revoca ya dependerá de las acusaciones".

"El fiscal general debe dimitir"

Salvador Viada considera que, tras su procesamiento, el fiscal general debe dimitir. "Eso de que no tiene que dimitir porque está defendiendo a la institución es un bulo enorme,- señala-. No se le pide la dimisión por algo que ha hecho la institución, sino por algo que ha hecho él, por algo que es lo que está poniendo en cuestión a la propia institución.

El reglamento del Ministerio Fiscal obliga a apartar de sus funciones a cualquier fiscal sobre el que se dirija una acusación, pero eso no afectaría al fiscal general porque no se considera que él forme parte de la fiscalía. Un planteamiento que Salvador Viada considera absurdo. "El reglamento del Ministerio Fiscal no contempla que el propio fiscal general sea uno de los implicados en un procesamiento, pero hay razones para entender que también le afecta,- explica Viada-. Si repugna al reglamento del Ministerio Fiscal que un fiscal al que se abre un juicio oral continúe en sus funciones, cómo no va a repugnar que eso afecta también al Fiscal General. Él es uno de los fiscales, así que sí le afectaría. Debería suspenderle la teniente fiscal. Que la institución aparte a una subordinada (la fiscal jefe de Madrid también está procesada) por el mismo hecho por el que no se pueda apartar al jefe es ridículo, es absurdo".

Salvador Viada, en su entrevista en Espejo Público, descarta que en este caso se pueda condenar, en un hipotético juicio, al fiscal general a cuatro años de prisión, la pena máxima para este tipo de delito, "por unos hechos de esta naturaleza", señala. También cabe la inhabilitación para ejercer cargo público. ¿Puede tener este caso consecuencias para el Gobierno?. Viada también lo descarta. "Penales ninguna, en principio no está en juego la comisión de ningún delito por parte del Gobierno, pero otra cosa son las consecuencias política o mediáticas", concluye.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Varias magistradas, sobre el caso del fiscal general: "Es lamentable, si no están de acuerdo lo que tienen que hacer es recurrirla"