Se trata de una vivienda piloto prefabricada que está valorada en más de un millón y medio de euros. La propiedad de la parcela es de Joaquín Torres. Explica que cuando se enteró de que una pareja con niños había entrado a vivir de forma ilegal en su casa informó a la Guardia Civil para interponer una demanda y su gran sorpresa fue saber que "ellos también tenían sus derechos como okupas".

Uno de los episodios más surrealistas de esta historia se ha producido recientemente cuando trabajadores de su empresa se han personado en la casa con un documento del juzgado que establecía que podían hacer uso de la vivienda ya que no había okupas.

Al entrar en la casa no había nadie y decidieron cambiar las cerraduras, minutos después aparecieron los okupas y llamaron a la Policía Nacional, mientras que los empleados del arquitecto lo pusieron en conocimiento de la Policía Municipal. Cuenta Joaquín Torres que la situación fue tan incomprensible que los que finalmente acabaron detenidos y pasaron una noche en el calabozo son los empleados de su empresa "por allanamiento de morada y por acoso".

La vivienda está ocupada por una mujer de nacionalidad marroquí y un varón español que conviven con niños pequeños. Los vecinos se quejan de que esta pareja suele protagonizar discusiones subidas de tono que alteran a la convivencia.