
El magistrado ha criticado el enfrentamiento entre administraciones para decidir quién debe actuar ante la acampada y ha recordado las pérdidas que sufrieron los negocios de la zona durante el 15M. Además, ha explicado que expropiar la vivienda de Mari Carmen sería legal, pero supondría un "coste enorme" para las arcas públicas.

Con la presión de la calle encima tras el desahucio de Maricarmen, Pedro Sánchez asegura estar trabajando "a contrarreloj" para sacar adelante el decreto de vivienda, pero la compleja aritmética parlamentaria se lo pone muy difícil. ¿Qué le exigen sus socios? En Espejo Público hablamos con Eduardo Rubiño sobre la postura de Sumar.