Los sindicatos policiales denuncian las condiciones en las que duermen los agentes que luchan contra el narcotráfico en Huelva

La asociación profesional JUCIL ha solicitado este jueves, 27 de agosto de 2026, una evaluación preventiva urgente de los alojamientos utilizados por los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) desplazados a la provincia de Huelva para reforzar la lucha contra el narcotráfico. La petición se centra en los módulos prefabricados de la base militar de El Picacho, situada en las proximidades de Mazagón.

Según la información trasladada por la organización, estas dependencias presentarían deficiencias relacionadas con su conservación, limpieza, espacio y habitabilidad. JUCIL asegura además que algunos de los efectivos destinados al dispositivo habrían tenido que limpiar y desinfectar determinadas zonas antes de utilizarlas.

Desde JUCIL consideran que las condiciones de alojamiento deben analizarse dentro de la normativa de prevención de riesgos laborales, especialmente por las características del servicio que desempeña el GAR. A su juicio, el descanso y la recuperación adecuada de los agentes después de jornadas operativas exigentes, resulta esencial. Destacan que es fundamental para preservar su seguridad, así como para mantener la eficacia del dispositivo.

Por este motivo, la asociación ha pedido a la Dirección General de la Guardia Civil que la Oficina de Prevención de la Comandancia de Huelva, con participación o supervisión de la Sección de Prevención de la Zona de Andalucía, examine de forma urgente los módulos.

La inspección solicitada debería abarcar aspectos como la limpieza, la ventilación, la climatización, la posible presencia de humedad, el suministro de agua potable y el estado de las instalaciones eléctricas. También se reclama revisar los sistemas de protección contra incendios, los servicios higiénicos, los colchones, la ropa de cama y el mobiliario, además de determinar si las condiciones de ocupación permiten un descanso adecuado.

Desde JUCIL sostienen que, hasta que no se confirme mediante una evaluación técnica que las instalaciones cumplen los requisitos necesarios, deberían buscarse alternativas de alojamiento para el personal desplazado.

En caso de ser necesario recurrir a establecimientos privados, la asociación reclama que se aplique el régimen de indemnizaciones correspondiente. Además, considera preferible que sea la propia Administración la encargada de contratar directamente esos alojamientos, de manera que los agentes no tengan que adelantar el dinero.

La petición de JUCIL se produce mientras los agentes del GAR participan en un dispositivo extraordinario destinado a reforzar la respuesta frente al narcotráfico en el litoral onubense. Para la asociación, la planificación de una operación de estas características debe incluir también las condiciones en las que permanecerá el personal durante su despliegue.

Más allá del caso de Huelva, JUCIL reclama que la Guardia Civil establezca un protocolo específico para futuros dispositivos extraordinarios. El objetivo sería que los alojamientos destinados a los efectivos fueran revisados antes de cada despliegue y cumplieran unos requisitos mínimos de higiene, seguridad, intimidad y descanso.

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