En un pleno extraordinario celebrado en Salt se ha decidido la suspensión durante un año de las licencias para la construcción de centros de culto religioso. La decisión ha tenido 12 votos a favor, 7 en contra y una abstención.
En ese año de suspensión el gobierno local deberá decidir si la construcción de una mezquita y de una iglesia evangélica en el polígono industrial de Salt podría afectar o no a las empresas allí afincadas y también decantarse por un lugar propicio para ese tipo de construcciones.
Hacia el ayuntamiento se han dirigido vecinos de Salt e inmigrantes que han gritado insignias antiracistas, y que se han sublevado aún más ante la llegada del líder de Plataforma per Catalunya cuando apareció para estar presente en el pleno extraordinario.
Según ha reconocido el alcalde antes del pleno, la decisión de su equipo responde, en parte, a "ciertas presiones de empresarios del polígono que temen por sus negocios".
Además, se da la circunstancia de que la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) ha convocado una manifestación contra la construcción de la mezquita para el próximo sábado, la cual ha sido prohibida por la Consejería de Interior de la Generalitat catalana, para evitar "graves altercados".
En una resolución de la Dirección General de Administración de Seguridad, se argumenta que tanto el informe de los Mossos d'Esquadra como el de la Policía Local indican que la concentración podría derivar en graves altercados y enfrentamientos entre los manifestantes y colectivos musulmanes
Los afectados
La comunidad evangélica Holy Ghost Fellowship Internacional, establecida en Girona, quedaría prácticamente sin posibilidades de construir su templo, ya que su proyecto es bastante reciente y todavía no disponen de la necesaria licencia municipal.
Por su parte, los plazos para construir la mezquita solicitada por dos entidades magrebíes, Al Hilal y Magribins per la Pau, quedarían muy ajustados. Estas dos entidades musulmanas obtuvieron el mes de marzo pasado un certificado de compatibilidad urbanística con una vigencia de seis meses, por lo que tienen hasta finales del mes de setiembre para presentar su proyecto.
La moratoria tiene por objetivo que, durante este año, el ayuntamiento estudie si el emplazamiento de centros de culto en el polígono de Torremirona beneficia o perjudica a las empresas que ya están implantadas y a las que podrían hacerlo en el futuro.
