El juez ordena realizar una nueva prueba caligráfica al investigado por el presunto asesinato de los ancianos de Guanarteme

Antonio Quesada de 76 años y María Artiles de 74, desaparecieron el 6 de marzo de 2012 y nada se supo de ellos hasta cinco años después, el 20 de agosto de 2017, cuando aparecieron sus cuerpos sin vida en el Barranco de Las Vacas. Según la autopsia, habrían muerto por un fuerte golpe en la cabeza, probablemente en el mismo día de su desaparición. Lo último que se supo de ellos fue que en la tarde de ese fatídico 6 de marzo, habían acudido a la sucursal de su banco para reunirse con el subdirector, que era la persona que les llevaba las cuentas.

La investigación policial se fijó en él, Rogelio S.T, desde el primer día ya que el subdirector del banco fue la última persona con la que los dos ancianos fueron vistos con vida. Eran cerca de las 18.30 horas cuando el matrimonio fue visto caminando por la calle unos metros detrás de Rogelio, la misma tarde de su desaparición. Además, la Policía averiguó que Rogelio había estado ese día en el lugar de los hechos, ya que a las 20.44 horas recibió una llamada de su mujer a través del mismo repetidor que da cobertura al barranco de Las Vacas, el lugar donde años después aparecieron los cuerpos.

Una nueva prueba caligráfica

El juez acordó el sobreseimiento de la causa contra Rogelio S.T. en junio de 2023 pero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenaron su reapertura en septiembre de 2024 al apreciar indicios contra el único investigado. En enero volvió a sentarse ante el juez y volvió a negar su participación en el crimen. También se le practicó una prueba caligráfica para determinar si sacó del banco los 78.400 euros que pertenecían a los ahorros del matrimonio desaparecido y que podrían ser el móvil del crimen.

Este mes de junio se aportaron nuevas pruebas por parte de varios testigos y pese a todo y a la petición de la acusación particular de que Rogelio ingresara en prisión provisional, el único sospechoso del caso continúa en libertad aunque eso sí, tiene que acudir cada lunes a firmar en sede judicial.

Este lunes, 7 de julio de 2025, Rogelio S.T acudía de nuevo a la Ciudad de la Justicia para realizar otra prueba caligráfica por petición de la abogada de la familia y con el objetivo de que se pueda acreditar que falsificó las firmas de los fallecidos. Según las acusaciones, el objetivo era quedarse con 78.400 euros que los ancianos tenían en el banco donde el acusado trabajaba en el momento de los hechos, y que precisamente quedarse con ese dinero habría sido el móvil del presunto asesinato.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria ordenó realizar de nuevo esta prueba ya que la anterior habría sido insuficiente. La familia del matrimonio considera que Rogelio es el presunto autor de dos delitos de asesinato agravado, estafa, delito contra la integridad moral y lesiones psíquicas. "Hay más pruebas pendientes y algunos testigos que llamar a declarar", explica una de las hijas de los fallecidos.

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