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ACUSADOS DE NARCOTRAFICO
Guardia civil y policía involucrados en una banda de narcos
Juan Pedro L., miembro "arrepentido" de la llamada "banda del puerto", ha incriminado hoy a los guardias civiles y policías nacionales que lideraban supuestamente el grupo de narcos al que se atribuye el robo de 400 kilos de cocaína del muelle de Barcelona.
El procesado, que afronta una pena de seis meses de prisión, ha mantenido hoy el contenido de la declaración que prestó en septiembre de 2008, en la que delató a los supuestos narcos y los mandos policiales y de la Guardia Civil que son juzgados desde hoy en la Audiencia de Barcelona por constituir una banda dedicada a robar droga a otros traficantes.
Juan Pedro L. delató a los supuestos integrantes de la llamada "banda del puerto" cuando ya se encontraba en prisión cumpliendo condena por el asesinato de dos vigilantes jurados en el atraco a un furgón blindado en unos multicines de Terrassa (Barcelona).
Tras insistir en que siempre se mantuvo "en la sombra" dado que desempeñaba el papel de "machaca" en la banda, Juan Pedro L. ha explicado que se animó a delatar a la trama corrupta para que se hiciera justicia contra sus integrantes, a los que ha acusado de urdir un montaje para incriminarle por los dos muertos de Terrassa.
A preguntas de su propia defensa, Juan Pedro L. ha reconocido también que colaboró con la justicia, asumiendo incluso el riesgo que ello suponía para él y su familia, para lograr que se reabriera el caso del doble crimen y se revisara su condena, aunque ha precisado que nunca nadie le prometió hacerlo.
El acusado ha admitido que trabajó con la banda para perpetrar varios "palos" a narcos, utilizando para ello la infraestructura y la información facilitada por el guardia civil Antonio S. "Tete", a quien la Fiscalía sitúa como líder de la rama policial del grupo delictivo, y por Roberto D.P, guardia civil en excedencia y policía local de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).
El procesado ha señalado como líder de la banda de narcos a Javier S., alias Trapero, que se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio, igual que sus dos supuestos lugartenientes, Daniel R., Bolo, y David B., Chucho, que sólo ha contestado las preguntas de su defensa para negar los cargos que se le imputan.
Juan Pedro L. se encontraba ya en prisión en 2005, cuando se produjo el robo de 400 kilos de cocaína en un contenedor de gambas del puerto de Barcelona, por lo que no participó en ese asalto, aunque ha afirmado que cuando formaba parte de la banda había oído hablar de que ésta esperaba hacerse con alijos de esa droga.
No obstante, el imputado sí ha relatado que en 1999 empezó a trabajar con la banda, a la que ayudó a traer un alijo de hachís desde Marruecos en la furgoneta de uno de los narcos imputados, confidente policial que, según su versión, gozaba de protección de la policía en la frontera.
Asimismo, ha añadido, entre los años 2001 y 2002 trabajó con la banda para perpetrar distintos "palos" a narcotraficantes, a uno de los cuales robaron 100 kilos de hachís, gracias a una información facilitada por el policía nacional Antonio G., en un dispositivo policial dirigido por "Tete" y Roberto D.P.
Esos dos imputados, según la versión de Juan Pedro L., daban órdenes al resto de agentes procesados, a los que llamaban sus "soldados". Otro de los golpes que hoy ha detallado Juan Pedro L. consistió en el robo de varios fardos de hachís que estaban custodiados en un cuartel de la Guardia Civil, a los que la banda reemplazó después por arroz y azúcar, una operación en la que dos de los supuestos "soldados" fueron retribuidos con coches de lujo.
Juan Pedro L., que cree que la banda decidió inculparle por el doble crimen después de que se discutiera con el líder de los narcos, está convencido de que la policía iba a matarlo en un cañaveral al que lo llevaron tras su detención, aunque, según su versión, lo acabó salvando un coche de paisano de los Mossos d'Esquadra que casualmente patrullaba por la zona.
Los supuestos miembros de la banda juzgada hoy, integrada por cinco guardias civiles, dos policías nacionales y varios delincuentes habituales, afrontan penas de hasta 39 años de prisión.
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