Examen conducir

Gafas inteligentes y audífonos diminutos, tecnología fraudulenta para aprobar el examen de conducir

Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta.

Una gafas inteligentes para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir

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Una gafas inteligentes, 'smart glasses', con una cámara incorporada y un auricular del tamaño de un grano de arroz se han convertido en las últimas herramientas tecnológicas para aprobar de manera fraudulenta el carnet de conducir. Los defraudadores pagaban por el alquiler de estos sofisticados aparatos y contaban en el exterior de las salas de exámenes con ayuda para aprobar los tests del examen.

"Todo está orquestado por una mafia - explica Miguel Ángel Saez, portavoz de la Guardia Civil- para aprovecharse de personas que no saben hablar español y necesitan obtener el permiso de conducir".

El trabajo conjunto de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil ha venido a confirmar un salto tecnológico significativo en la sofisticación de los intentos de engaño detectados hasta la fecha. A diferencia de los métodos convencionales, como el uso de teléfonos móviles ocultos o micrófonos tipo 'pinganillo', las gafas permiten al aspirante capturar y transmitir imágenes del cuestionario en tiempo real sin realizar movimientos sospechosos. La señal se envía al exterior, donde un cómplice dicta las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono invisible para los examinadores.

Una práctica ilícita en expansión

La profesionalización de estas prácticas ha quedado reflejada en las cifras del primer trimestre del año. En las sedes de Logroño y Calahorra, las autoridades han interceptado a un total de 20 personas implicadas en tramas de fraude. Los aspirantes, con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años y procedentes de diversas provincias españolas, pagaban entre 1.300 y 2.500 euros por el alquiler de estos equipos de alta tecnología. La diversidad de nacionalidades de los detenidos —que incluyen a ciudadanos de España, China, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal— subraya el alcance internacional de las redes que operan detrás de estos dispositivos.

Consecuencias legales y seguridad vial

La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial castiga estas conductas como infracciones muy graves. La respuesta administrativa ha sido contundente: los implicados se enfrentan a una sanción económica de 500 euros y, lo que es más determinante, una inhabilitación de seis meses para volver a presentarse a las pruebas. Además, la Jefatura ha procedido a declarar a los aspirantes como "no aptos" de forma inmediata.

Más allá del ámbito administrativo, las autoridades enfatizan que estas medidas son una cuestión de seguridad pública. "Permitir que personas sin los conocimientos teóricos básicos accedan al permiso de conducción supone un riesgo inaceptable para el resto de los usuarios de la vía pública", concluye el portavoz de la Guardia Civil.

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