Expertos culpan al Gobierno de Sánchez por no ejecutar las obras que marcaban "la diferencia entre vivir o morir" en la DANA

Continúa el desfile de técnicos por la comisión de investigación sobre las causas de la DANA del 29 de octubre en Les Corts Valencianes. Este lunes ha sido el turno de prestigiosos expertos, catedráticos e ingenieros que han ofrecido sus distintos puntos de vista sobre la gestión de la tragedia más mortífera y destructiva de la historia de Valencia, todos ellos coincidiendo en la responsabilidad del Gobierno central, tanto por no ejecutar las obras hidráulicas previstas, como por no decretar la emergencia nacional.

Alejandro Escribano Beltrán, el arquitecto que diseñó el Plan General de Urbanismo de la ciudad de Valencia, quien además es un afectado directo de la catástrofe al haber perdido a un familiar en la riada, ha aportado un argumento arrollador basado en el cálculo de los calados para demostrar que las obras en los barrancos planificadas que nunca llegaron a materializarse habrían salvado vidas. Durante su comparecencia, el arquitecto ha enseñado el documento del proyecto de la canalización del barranco del Poyo hacia el cauce del Turia, la conocida como "vía verde", por donde se habrían podido desviar 700 m³/s y a la Albufera otros 800 m³/s. "Se podrían haber desviado unos 1.500 m³/s", asegura. Recuerda que el caudal acumulado del 29 de octubre fue de "unos 2.000 m³/s".

Así, concluye que "en términos de calados, no hace falta ser un experto para entender que la diferencia entre dos metros de agua o un metro es la diferencia entre vivir o morir, es la diferencia entre acabar en la tintorería arreglando la ropa o acabar en un tanatorio. Si la vía verde estuviera hecha, mi sobrina estaría viva y eso es irrebatible". Por ello califica de "dramático" que no se hayan ejecutado las obras previstas.

Por su parte, el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Francisco Javier Orduña, ha ofrecido un análisis del marco competencial en la emergencia y la responsabilidad patrimonial del Estado, no solo en la riada, sino también en el apagón generalizado que se produjo en España el pasado mes de abril. "La competencia de la Seguridad Pública es una competencia exclusiva del Estado", ha expresado Orduña aludiendo al artículo 149 de la Constitución Española. Compara el caso de la DANA con el del apagón: "no le correspondía decidir al presidente autonómico sino al Gobierno, que es quien decreta la emergencia nacional". También ha apuntado que "la declaración de emergencia nacional y el envío del Ejército corresponde al ministro del Interior". "Esto es así, no es opinable", ha sentenciado. "Habrá que analizar la responsabilidad patrimonial del Estado y ver qué hizo y qué no hizo", ha valorado, sin "excluir" la respectiva responsabilidad de la administración autonómica.

Desde el PSPV-PSOE, se ha cuestionado que el objeto de la comisión "no es conocer la verdad de lo que pasó" y pone en tela de juicio la "imparcialidad" de Orduña, unas acusaciones que ha rechazado el propio catedrático. "Esta comisión está orquestada por la derechita cobarde para tapar su negligencia", ha censurado, en síntesis, la diputada socialista Alicia Andújar.

Sin embargo, Orduña no ha sido el único de los técnicos que ha responsabilizado al Ejecutivo central de Pedro Sánchez de lo sucedido. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez, que ha comparecido en dicha comisión, ha manifestado que tiene "clarísimo" cuál es la causa principal de la magnitud de los daños provocados por la DANA. "A las cinco de la tarde, las personas estaban sentenciadas a muerte, a las seis, a las siete y a las ocho", ha expuesto señalando como "errores cometidos" la no ejecución de las infraestructuras hídricas previstas por el Gobierno central y guardadas en un cajón durante años como el desvío del barranco de la Saleta. Sostiene que, aunque el Cecopi hubiera contado con el dato de que están pasando 1.500 m³/s, "no vale de nada", dado que el agua es más rápida que el traslado de esa información obtenida en tiempo real.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de los sistemas de alerta temprana, es decir, los mecanismos que ahora la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, sí contempla implementar.

Asimismo, afirma que el Ministerio "sabía" la tragedia que estaba por venir con la información disponible: "la CHJ y el Ministerio, que son los responsables de la gestión directa del dominio público hidráulico, sabían, por los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, que se podía producir una avenida próxima al periodo de retorno de 500 años".

Eso sí, ha matizado que "la única salvación de las personas" habrían sido las citadas medidas no efectuadas, tales como el encauzamiento, la construcción de presas o el proyecto de adecuación de la cuenca del Poyo hacia la Albufera.

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