Explotación laboral

Detenidos dos empresarios de la construcción en San Sebastián por la explotación laboral de trabajadores extranjeros

Los empleados eran obligados a trabajar 16 horas diarias. Además, les desahuciaban y retiraban la asignación para manutención si se quejaban o reclamaban el cobro del sueldo pactado.

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía NacionalImagen de archivo

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La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a dos empresarios de la construcción por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al parecer, estos empresarios eran obligados a trabajar 16 horas al día. Además, les desahuciaban y retiraban la asignación para manutención si se quejaban o reclamaban el cobro del sueldo pactado.

A mediados del mes pasado, un ciudadano extranjero se personó en la comisaría de San Sebastián para solicitar asilo. Durante la declaración para este trámite, contó un traumático episodio laboral sufrido en Euskadi que podía ser constitutivo de graves delitos. Fue entonces cuando se puso en marcha la investigación.

Los agentes de asilo a trasladaron inmediatamente lo averiguado a los investigadores del Grupo Operativo de Extranjería II (GOE) de la capital guipuzcoana. Tras el examen de la declaración y las pesquisas necesarias, los agentes especializados confirmaron el testimonio inicial.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Los agentes detectaron que dos empresarios afincados en Gipuzkoa, socios y administradores de varias empresas, entre la que destaca una dedicada a la reforma de baños, estaban contactando con ciudadanos extranjeros asentados en su mayoría en sus países de origen en Hispanoamérica para realizarles ofertas de empleo "engañosas". También descubrieron que al menos seis de estos trabajadores se habían mudado a diferentes puntos del territorio nacional, lo que impulsó su búsqueda.

Gracias a la coordinación y colaboración con las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se les pudo localizar con rapidez en Toledo, Madrid y Tortosa (Tarragona) y activar el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de este tipo de delitos. Tras ello, se les dispensó la protección necesaria y se les informó de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.

Tras la declaración de las víctimas, la Policía Nacional concluyó que los dos empresarios les ofrecían un sueldo que oscilaba entre los 1.200 y 1.400 euros por trabajar en Gipuzkoa reformando baños. Además, les garantizaban un contrato de empleo y alojamiento con gastos de manutención incluidos. Ante estas condiciones laborales, los trabajadores decidían endeudarse para poder comprar un billete de avión dejando a sus familias atrás. Cuando empezaban a trabajar se percataban de que, al carecer de permiso para residir en España y para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no les harían contrato de trabajo.

Además de esto, los trabajadores se percataron de que no se cumplían las condiciones pactadas, obligándoles a trabajar 16 horas al día. Por lo visto, eran desahuciados y se les retiraba la asignación para manutención si se quejaban o reclamaban el cobro del sueldo pactado. Por todo ello, se procedió a la detención de los empresarios que, tras declarar en comisaría, pasaron a disposición judicial a la espera de juicio.

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