El cierre de la Residencia de mayores Trinidad ha sido solicitado por la Fiscalía de Las Palmas como consecuencia de la investigación llevada a cabo desde el pasado mes de mayo en el centro, donde residen entre 15 y 20 ancianos que serán realojados por el Gobierno canario y el Cabildo de la isla en otras residencias.
El director, que está detenido por un presunto delito contra la integridad moral, pasará a disposición judicial este viernes. La fiscalía había solicitado, entre otras medidas, el registro del centro, al que también se ha procedido, además de a su cierre como medida cautelar en el marco del procedimiento judicial penal que se sigue a instancias del órgano fiscal en el Juzgado Número 7 de Las Palmas, cuyo titular, Javier García Sotoca, ha decretado el secreto del sumario.
Fuentes de la fiscalía indicaron también que el Gobierno canario en el mes de mayo le trasladó varias denuncias sobre las condiciones indebidas en las que se encontraban los ancianos. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario instó hace unos meses al director a que cerrara el centro, desde el punto de vista administrativo, pero no llegó a producirse, según indicaron fuentes del Ejecutivo en funciones, que señalaron que ahora sí se produce por existir indicios delictivos.
Las fuentes indicaron que el Gobierno canario mantiene abiertos varios expedientes por incumplimiento del decreto que regula este tipo de centros, que en el caso de la residencia Trinidad estaba abierta sin la autorización debida y que además ha sido objeto de varias inspecciones a lo largo de este año por parte de la Consejería. Según las fuentes del Gobierno canario, la residencia no cumple con requisitos establecidos en el decreto 63/2009 que regula la ordenación, autorización, registro, inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores.
