Arrancan en La Rioja las primeras pruebas de evaluación final de la ESO, más "descafeinada" de lo esperado

Este mes se estrena la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria fijada por la Lomce, aunque más "descafeinada" de lo que se establecía en un primer momento, ya que hasta lograr un pacto educativo ahora se ha fijado que tenga carácter muestral y no sea necesaria para titularse en esta etapa.

Durante mayo y junio las comunidades autónomas realizarán la prueba a alumnos que cursen cuarto de ESO (15 y 16 años), con independencia de sus calificaciones, y la finalidad de la evaluación será de diagnóstico.

Lo establece así la orden del Ministerio de Educación publicada el pasado sábado en el BOE y que regula las pruebas. "La selección de alumnos y centros será suficiente para obtener datos representativos, pero las Administraciones educativas pueden elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades muestrales, o hacer la evaluación final con carácter censal", según el documento.

Por tanto, se han redefinido las características propuestas en un principio en la Lomce y que fueron lideradas por el entonces ministro José Ignacio Wert, es decir, que fuera obligatoria para todo el alumno que quisiera conseguir el título de Secundaria, se podía preguntar sobre materias de toda la etapa, había que obtener una calificación igual o superior a 5 puntos y se debían celebrar dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

La Rioja es de las primeras comunidades en hacer la prueba, pues la lleva a cabo esta semana, mientras que Madrid la hará el 17 de mayo. También este mes las realizan, entre otras, Cantabria (del 22 al 26), Galicia (del 23 al 24), Asturias (día 24), Castilla-La Mancha (del 25 al 26), Comunidad Valenciana (finales de mayo) y País Vasco. Y en junio está previsto que haga la prueba, por ejemplo, Murcia (del 12 a 15).

Las evaluaciones que se van a llevar a cabo se limitarán a las materias troncales generales del último curso para valorar el grado de competencia matemática, lingüística y social y cívica. Así, las materias Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y, en su caso, Lengua Cooficial y Literatura, serán la referencia principal para la determinación del grado de la competencia lingüística; Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas lo serán para la competencia matemática; y Geografía e Historia determinará el grado de adquisición de la competencia social y cívica. Los resultados no constarán en el expediente académico individual.

Precisamente el Consejo Escolar del Estado, en su reciente "Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo" recomendaba que esta evaluación externa fuera "de diagnóstico, sin efectos académicos, con la participación y colaboración en ellas de los centros y del profesorado".

La orden ministerial señala que la prueba tendrá una duración de un máximo de cuatro días en cada centro y hasta cinco días en las administraciones educativas con lengua cooficial. Las preguntas podrán ser tipo test o no.

Las Administraciones educativas elaborarán un informe en el que reflejarán los resultados obtenidos en su ámbito de gestión y se pondrán en conocimiento de la comunidad educativa, considerando los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto.

Asimismo podrán elaborar informes para cada uno de los centros seleccionados, siempre que la muestra lo permita. Se incluye un cuestionario de contexto que se dará al alumno para que responda sobre su grado de satisfacción del centro, cuántos libros tiene en casa, cuál es el nivel de estudios de sus padres o qué clase de trabajo ocupan los padres en sus respectivas actividades laborales.

Por su lado, el Sindicato de Estudiantes ha llamado al "boicot" hacia estas pruebas. Pide a los alumnos que no se presenten o que hagan en sus centros acciones de protesta como concentraciones en los patios, que los padres no lleven a los hijos a clase el día de la prueba y que el profesorado explique en los centros que se trata de una "imposición" del PP "sin utilidad ni sentido", explica a Efe la secretaria general del SE, Ana García.