Colectivos de La Palma reclaman transparencia en la gestión del PEVOLCA antes de la erupción de Cumbre Vieja

Han pasado casi cuatro años desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Un suceso que afectó a la vida de todos los palmeros y palmeras directa o indirectamente. Un tiempo en el que han reclamado todas las respuestas sobre cómo se dieron los hechos y las acciones que se llevaron a cabo pero, consideran, no han sido suficientes.

Es por ello que un total de seis colectivos y asociaciones de la isla de La Palma han respaldado la iniciativa de la Asociación Tierra Bonita presentando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para exigir la publicación de las actas y grabaciones de las reuniones del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) previas a la erupción.

La demanda judicial busca esclarecer qué decisiones se tomaron en los días y horas antes del inicio del proceso eruptivo. Así, explican que "esta falta de información ha provocado indefensión y ha constituido una vulneración de derechos", para todas las personas que se vieron afectadas en uno de los momentos más cruciales de los hechos.

Los colectivos que apoyan esta acción legal son la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma y la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano.

En un comunicado conjunto, las asociaciones señalan que "no se informó oficialmente a la población de que la zona de mayor riesgo había cambiado, ya que, aquel fatídico fin de semana de septiembre de 2021, el magma había avanzado hacia el norte del Valle de Aridane, poniendo en peligro barrio y caseríos", y recalcan que no fueron convocados a ninguna de las reuniones informativas que se organizaron desde el Pevolca.

Otra deficiencia que han querido puntualizar tiene que ver con las confusiones que se produjeron en el momento de señalizar el nivel de emergencia en el que se encontraba la isla. Explican que ya, en ese momento, existían evidencias científicas suficientes sobre que el proceso eruptivo era inminente como para “elevar el nivel de la emergencia a semáforo naranja y ordenar la evacuación preventiva".

Las consecuencias de esta falta de actuación "agravaron la pérdida de enseres y objetos personales, la muerte de animales domésticos y de granja que no pudieron ser puestos a salvo, así como el sufrimiento psicológico de la población damnificada", indican los afectados a través del escrito.

El 19 de septiembre hará cuatro años del instante que marcó la vida de estas personas, las plataformas critican la falta de transparencia por parte de las autoridades competentes que, aseguran, aún no han dado respuestas claras sobre las decisiones tomadas en aquellos días. Confían en que el recurso judicial presentado por Tierra Bonita prospere y permita acceder a la documentación solicitada, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y prevenir que una situación similar vuelva a repetirse sin una adecuada gestión informativa y preventiva.

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