Thomas Lubanga se convierte en el primer criminal de guerra sentenciado por La Haya

Los jueces decidieron en este caso dividir la sentencia en dos vistas: la primera para determinar la "convicción sin lugar a dudas" de la culpabilidad o inocencia del acusado, y una segunda, sin fecha aún de celebración, donde impondrán la condena.

La decisión judicial, que ha sido tomada por unanimidad, también ha confirmado que el acusado "sabía" y "era consciente" del delito de reclutamiento de menores para las filas de su grupo militar, el Ejército de Liberación de Congo, así como del conflicto armado en la región.

Esos niños eran obligados a realizar trabajos domésticos, a luchar, a ser guardias de seguridad y en el caso de las menores, a ser "esclavas sexuales" de los comandantes. El cargo de violación a niñas fue propuesto por la Fiscalía en un intento de enmendar la primera acusación, pero finalmente los jueces decidieron no incluirlo entre otros motivos para agilizar el proceso.

El fallo ha dado el impulso que la Corte necesitaba para reafirmarse desde su creación en 2002 como primer tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido genocidio.

En estos diez años de funcionamiento, la CPI ha sido objeto de alabanzas por poner en el punto de mira de la justicia internacional a personalidades como el ya fallecido dictador libio Muamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam o el presidente de Sudán, Omar al Bashir, considerados sospechosos de crímenes de lesa humanidad en sus respectivos países.

En esos casos la fiscalía de la Corte, dirigida por el argentino Luis Moreno Ocampo, ha querido demostrar que los crímenes que persigue no conocen la impunidad por el mero hecho de haber sido presuntamente perpetrados por altos cargos.

Pero la CPI también ha recibido críticas por su lentitud, en parte debida a que depende de los países adscritos al Estatuto de Roma, en el que basa su funcionamiento, para poder detener a sus acusados. También porque la Corte ha tenido que ir aprendiendo a aplicar sus propias reglas, las cuales por primera vez incluyen la participación directa de representantes de las víctimas en los juicios.

La "juventud" de la CPI se ha puesto de manifiesto durante el juicio a Lubanga, que en dos ocasiones -en 2008 y 2010- estuvo a punto de ser paralizado por problemas de procedimiento.

En 2008, Ocampo se negaba a mostrar a la defensa unos documentos confidenciales de la ONU que usó como prueba, mientras que en 2010 hizo lo propio al no querer revelar la identidad de uno de los intermediarios que había empleado para llegar a las víctimas.

Este punto fue precisamente criticado por los jueces en la sentencia. Instaron a los fiscales a no delegar su trabajo de investigación en terceros, sobre todo porque la vulnerabilidad de víctimas como los niños soldado les hacen susceptibles y aumenta el riesgo de que sus testimonios sean manipulados por los mediadores.

La CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática de Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea Conakry, en los territorios palestinos, Honduras, Corea del Norte y Nigeria.