Más de 100.000 personas se han manifestado en varias ciudades chilenas, incluyendo Santiago, donde grupos de encapuchados protagonizaron disturbios, en una nueva jornada de paro convocada por estudiantes que demandan desde hace casi tres meses una mejor educación pública.
Unas 70.000 personas, según la policía, y 150.000, según los organizadores, marcharon por las calles de la capital un día antes de que venza el plazo que los estudiantes universitarios y secundarios dieron al Gobierno para que acepte sus demandas. Aunque la jornada comenzó con disturbios en varios puntos de la capital, la marcha de los estudiantes, acompañados de padres y profesores, transcurrió de manera pacífica hasta casi el final del recorrido, que había sido consensuado previamente con las autoridades.
En el centro de Santiago, a pocas manzanas de la sede del Ejecutivo, grupos de jóvenes apedrearon un edificio de viviendas, prendieron barricadas, destrozaron dos vehículos particulares y arrancaron semáforos, entre otros desmanes. También hubo manifestaciones en otras ciudades del país, como Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Talca, Coyhaique e Isla de Pascua.
La protesta fue organizada por estudiantes universitarios y secundarios y por el Colegio de profesores, con el apoyo de los trabajadores del cobre y otros actores sociales. Con estas movilizaciones, las federaciones estudiantiles buscan presionar al Gobierno para perfeccionar algunos puntos de un plan de 21 medidas que presentó la semana pasada para mejorar la educación.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo afirmó que si el Gobierno no es capaz nuevamente de dar una respuesta le van a "tener que exigir otra vía de solución ya no institucional". "Convocar seguramente a un plebiscito para que sea la ciudadanía en su conjunto que decida cuál tiene que ser el futuro de la educación en nuestro país", sentenció la dirigente, que agregó que en regiones se reunieron otros 40 mil jóvenes.
Esos puntos se refieren a una garantía constitucional de una educación pública gratuita y de calidad, la prohibición del lucro en las universidades privadas y la devolución al Gobierno, desde los municipios, de la administración del sistema educativo primario y secundario. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter emplazó a los líderes del movimiento estudiantil a reflexionar sobre lo "dañinas" que están siendo las marchas y no descartó en el futuro la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado ante otras protestas.
