De ese grupo inicial, constituido por expertos de diferentes ámbitos como el legal, el periodístico y cultural, el religioso o el científico, 16 aportarán argumentos a favor durante la primera mitad del encuentro y los restantes expondrán sus razones para oponerse al aborto durante el resto de la sesión.
Este plenario de comisiones, presidido por el diputado oficialista Daniel Lipovetsky, tendrá lugar cada martes y jueves hasta finales de mayo y buscará elaborar un proyecto que pasará a debatirse oficialmente en la Cámara de Diputados en julio.
"Básicamente, lo que enfrentamos es una pregunta acotada: si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres, a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas", expuso en la primera intervención del histórico debate Paola Bergallo, abogada e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
La diversidad de los actores que protagonizarán el debate se debe a que cada diputado y diputada pudo elegir a cuatro ponentes que forman un grupo "muy bueno" para representar un debate que les "debía la democracia", según Lipovetsky.
Desde que arrancó la discusión parlamentaria, numerosas manifestaciones tanto a favor como en contra de la legalización del aborto se personaron a las puertas del edificio del Congreso para reivindicar sus pedidos.
Los pañuelos verdes, característicos del mensaje que transmite la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina (precursora del proyecto que ha trascendido a las sesiones parlamentarias), protagonizan la estampa a las afueras del Congreso, donde a partir de las seis de la tarde se organizará, precisamente, un "pañuelazo".
Entre sus reclamos, predomina la denuncia de que el aborto es la principal causa de muerte materna en más de la mitad de las provincias argentinas y que nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, según datos de organizaciones sociales.
La nueva legislación busca autorizar a las mujeres a interrumpir su embarazo libremente durante las primeras 14 semanas o en caso de que existe una malformación grave del feto y se enmarca dentro de una medida presentada hasta siete veces ante los diputados por la Campaña Nacional previamente citada.
