Unión Europea
Bruselas acusa a TikTok de violar la ley digital por la falta de transparencia en su registro de anuncios
La Comisión Europea denuncia que ha incumplido su obligación de publicar un repositorio de publicidad, tal como exige la Ley de Servicios Digitales.
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La Comisión Europea (CE) acusa a TikTok de violar la ley digital por la falta de transparencia en su registro de anuncios. Señala que ha incumplido su obligación de publicar un repositorio de publicidad, tal como exige la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE).
El repositorio es esencial para que los investigadores y la sociedad civil detecten anuncios fraudulentos, campañas de amenazas híbridas, operaciones coordinadas de desinformación y anuncios falsos, especialmente en vísperas de elecciones. Desde la CE apuntan que TikTok no proporciona suficiente información sobre el contenido de los anuncios, los usuarios a los que van dirigidos o quién pagó por ellos.
"En nuestra opinión preliminar, TikTok no cumple con la Ley de Servicios de Anuncios (DSA) en áreas clave de su repositorio de anuncios, lo que impide la inspección completa de los riesgos que conllevan sus sistemas de publicidad y segmentación", ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado.
Virkkunen ha manifestado que "ya sea que defendamos la integridad de nuestras elecciones democráticas, protejamos la salud pública o protejamos a los consumidores de anuncios fraudulentos, los ciudadanos tienen derecho a saber quién está detrás de los mensajes que ven".
Una investigación exhaustiva
Las conclusiones preliminares de la CE se basan en una investigación exhaustiva que incluye, entre otros, el análisis de documentos internos de la empresa, la prueba de las herramientas de TikTok y entrevistas con expertos en la materia, según Bruselas.
En caso de que las conclusiones preliminares de la CE se confirmasen, podría emitir una decisión de incumplimiento que podría dar lugar a una multa de hasta el 6% de la facturación anual mundial total del proveedor, así como a un período de supervisión reforzado para garantizar el cumplimiento de las medidas que el proveedor tenga previsto adoptar para subsanar el incumplimiento.
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