España devolvió este jueves a este grupo a Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos países en 1992, según el cual el Gobierno alauita debe readmitir a los migrantes en situación irregular si se demuestra que han accedido a territorio español a través de su frontera.
Marruecos aceptó así readmitirlos y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos mediante un procedimiento que se ha llevado a cabo de forma individual, inmigrante por inmigrante, con asistencia letrada y sanitaria, según informaron fuentes de Interior.
Esta actuación ha sido criticada por Unidos Podemos, grupo parlamentario que pide una política migratoria seria de manera urgente, y señala que el Gobierno podría haber violado el Protocolo 4 en su artículo 4 (prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros) y la Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 13.
Pero organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los inmigrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su "deportación express".
El director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: "Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor", ha remarcado.
Estas ONG se suman así a las críticas que ayer mismo vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado "su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno "pese a que "trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos".
CEAR considera que "este cambio de políticas pone en marcha 'procedimientos acelerados' en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional", ha subrayado. Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".
UGT se ha sumado a la "preocupación y dudas" vertidas por las organizaciones humanitarias por la "celeridad en la sustanciación de los trámites" que ha tachado de "inusual" y que por ello considera que debe explicar Interior.
