Consejo Ministros

¿En qué consiste la ley de equidad sanitaria para "blindar" la sanidad pública que ha aprobado el Gobierno?

El Gobierno quiere con la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud acabar con los copagos sanitarios y priorizar el modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios.

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La ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. Con ella se da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarias y sociosanitarios y elimina los copagos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carolina Darias, ha afirmado que el objeto de esta ley es "ampliar derechos y devolvérselos a a ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían restringido". La ministra ha asegurado que el texto trata de reforzar "la importancia del valor de lo público" algo que "la pandemia lo ha hecho incrementar".

Darias ha defendido que los sistemas sanitarios públicos "son garantes de vida y actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar". Añade que de "lo que se trata es seguir mejorando la vida de la gente y seguir protegiendo a los más vulnerables".

Esta norma "blinda" el sistema público de salud de nuestro país identificando como modelo del SNS la gestión directa. Pretende controlar las derivaciones a hospitales privados y restringirlas solo a cuando sea necesario.

Darias ha explicado que se entiende por gestión directa aquella que se presta por las propias administraciones públicas, por las entidades que constituya el sector público institucional, bien sea estatal, autonómico o local y con la creación de consorcios 100% de titularidad pública.

La ley establece una serie de excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una "visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la gestión directa". Los requisitos que han de cumplir las administraciones públicas en dichas excepciones son:

  • Utilización óptima de sus recursos sanitarios propios
  • Insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los servicios que lo precisen
  • Necesidad de recurrir a fórmulas de gestión indirecta

El Consejo Interterritorial será el encargado de determinar las pautas comunes a través de los cuales se va a entender como cumplidos los criterios señalados.

Equidad

Según ha indicado Sanidad esta norma supondrá la gratuidad para 6 millones de personas con el fin de los copagos del transporte sanitario no urgente y de los productos ortoprotésicos para los colectivos vulnerables.

El pasado 8 de noviembre el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley. Entonces, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó de que la norma quería evitar que se repitieran situaciones del pasado, en referencia a los copagos sanitarios que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y que aumentaba la proporción que pagaban los ciudadanos en medicamentos, trayectos en ambulancia o productos ortopédicos.

Además se recupera la cartera única común de servicio y establece las garantías necesarias para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios.

Universalidad

La nueva norma busca garantizar la homogeneidad en el derecho a la protección de la salud y ampliar los derechos a la población, eliminando diferencias entre comunidades autónomas. Para ello profundiza en la efectividad del derecho a la protección de la salud a la asistencia sanitaria a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

Darias ha indicado que el texto amplia derechos, con cargo a fondos públicos, a la asistencia sanitaria a los siguientes colectivos: ascendientes reagrupados por su hija o hijo que sea titular del derecho al Sistema Sanitario, siempre y cuando no exista un tercero obligado al pago, y también amplia derechos a las coberturas sanitarias para las personas españolas que residan en el exterior durante la estancia en nuestro país y a sus familias.

Además, el Consejo Interterritorial que este miércoles se llevará a cabo en Valencia tratara el plan para la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera del Sistema Nacional de Salud, que beneficiará a 7 millones de personas.

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