¿Por qué Ábalos, acusado de "graves delitos", puede mantener el escaño de diputado?

Tras el caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha reabierto el debate: ¿debe un diputado acusado de delitos graves seguir ocupando su escaño? El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha puesto el foco sobre esta cuestión tras decidir mantener a Ábalos en libertad con medidas cautelares. En su auto, el magistrado lamenta que la actual legislación permita a un diputado continuar con sus funciones incluso cuando existen indicios sólidos de corrupción.

Puente considera que esta situación genera "natural estupor" en la ciudadanía. A su juicio, resulta contradictorio que un representante público bajo investigación por presuntos delitos cometidos durante su etapa como ministro conserve las “altas funciones” propias del cargo: controlar la acción del Gobierno y participar en la aprobación de leyes.

Lo que dice el Reglamento del Congreso

El juez cita el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que regula los casos en los que un parlamentario puede ser suspendido. Actualmente, la norma establece tres condiciones: que se haya concedido un suplicatorio, que exista un auto de procesamiento firme y que el diputado esté en prisión preventiva. Solo si se cumplen los tres requisitos se puede suspender sus derechos y deberes.

En el caso de Ábalos, solo se ha concedido el suplicatorio. No hay prisión preventiva ni auto de procesamiento, por lo que, según la interpretación literal del reglamento, el diputado puede seguir ejerciendo su cargo.

Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso sostienen que esta interpretación es correcta, ya que en un procedimiento abreviado, como el que se sigue en el Supremo, no se dicta un auto de procesamiento, sino un auto de transformación en procedimiento abreviado.

Por tanto, si el juez no decreta prisión preventiva, el diputado mantiene su escaño, su voto y su salario.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas discrepan. Consideran que debería esperarse a la resolución equivalente al procesamiento para valorar la suspensión del diputado. El propio juez Puente va más allá y plantea una reforma legal que permita suspender a un parlamentario sin necesidad de prisión preventiva cuando existan indicios sólidos de delitos graves.

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