El presidente del Supremo califica de "inadmisible" que se diga que en España se reprime a políticos

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha enviado una carta al presidente del Senado francés, Gérard Larcher, en la que califica de "inadmisible" que se diga que en España se reprime a políticos por sus opiniones.

Lesmes, en una misiva de la que ha informado el CGPJ, ha expresado así su queja por la declaración suscrita por 41 senadores franceses en la que denuncian "represión" en el juicio al 'procés'que se sigue en el Supremo.

El presidente de ese tribunal explica a Larcher que la vinculación de la prisión con las opiniones políticas "es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones".

"Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española", expone Lesmes en la carta.

Agrega al respecto que el Supremo enjuicia "actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones".

Y considera "especialmente doloroso" tener que recordar a senadores que en España "se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho". Subraya Lesmes que la declaración ha generado "profundo malestar" en el Tribunal Supremo, al constituir "una descalificación" de la actuación de sus jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación "en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada”.