Los nueve empresarios que admitieron haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana aceptan penas de hasta 21 meses de prisión

Los nueve empresarios imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano han rubricado este viernes con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad por el que aceptan penas de entre 15 y 21 meses de prisión por haber financiado de forma ilegal a la formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, han informado fuentes fiscales.

Los industriales siguen la iniciativa de tres arrepentidos que reconocieron los hechos el pasado mes de abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al partido y solicitaron una reducción de pena, han confirmado fuentes conocedoras del acuerdo. El acuerdo incluye el abono de multas.

Todos ellos han acudido este viernes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para rubricar el acuerdo. En él, muestran su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, personado como acusación popular, y reconocerán haber realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales, agregan las citadas fuentes.