La ley contra el desperdicio alimentario, ante su examen definitivo en el Congreso

El Gobierno presume de haber aprobado más de 200 leyes en lo que va legislatura. Entre las últimas están la Ley de atención al cliente o la de vivienda, para la que el Ejecutivo aceleró su trámite parlamentario tras más de 14 meses paralizada en el Congreso. Las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 mayo están detrás de estas prisas.

Tan solo quedan dos plenos antes del 28M y el Ejecutivo piensa aprovecharlos para aumentar su contador de nuevas normas. El próximo jueves, día 11 de mayo, el Congreso debate la ley contra el desperdicio alimentario, norma elaborada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, en manos del Partido Socialista.

Tuppers gratis en restaurantes y venta de productos 'feos' en supermercados

El proyecto de ley se enfrentará a votación definitiva, su último examen en el Parlamento. El Gobierno tiene, en principio, bien amarrados sus apoyos. La norma superó sin problemas su paso por la Comisión de Agricultura, donde se aprobó con amplia mayoría: 29 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Tras el Congreso, el Senado deberá ratificar el texto.

El objetivo de la ley es "la prevención, reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos" a lo largo de toda la cadena de consumo, del campo a la mesa. Para ello, la normativa obligará a los restaurantes a ofrecer tuppers gratuitamente a sus clientes con la comida que no han consumido.

Además, los supermercados deberán establecer líneas de productos "feos, imperfectos o poco estéticos" e incentivar la venta de productos a punto de caducar. Entre otras medidas, pasado el plazo máximo para su consumo, deberán aprovecharse para la fabricación de piensos o para comida de animales.

Multas de hasta 500.000 euros por tirar comida

La ley prevé multas para quien no cumpla con la normativa. Bares y supermercados, por ejemplo, se enfrentan a sanciones por tirar comida. Como mínimo, las infracciones leves de hasta 2000 euros para casos, por ejemplo, en los que no se donen productos sin vender y aptos para el consumo humano a ONGs o entidades sociales.

Las multas más graves rondan entre los 60.000 y los 500.000 euros para aquellas entidades que cometan dos faltas graves en un plazo de dos años.

El Gobierno prevé así disminuir a la mitad los desechos per cápita en la venta minorista y del consumo, además de una reducción del "20% de las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030".

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