Justicia
La Justicia interroga a tres altos cargos del Gobierno por 56 contratos de mascarillas que costaron 310 millones
Los escándalos por la compra de material sanitario siguen creciendo cada día. Ahora, la justicia interroga también a tres altos cargos del Gobierno de España por la investigación de 56 contratos de compra de material sanitario que costaron 310 millones de euros.
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Desde que empezaron las acusaciones al exministro de Sanidad Salvador Illa por la presunta compra de mascarillas defectuosas, están saliendo a la luz nuevas investigaciones sobre posibles casos de corrupción con dinero público a la hora de comprar material sanitario. En el caso de las mascarillas defectuosas de Illa, la justicia reabrió la investigación el pasado mes de marzo.
Posteriormente, la intermediación del hermano de Isabel Díaz Ayuso a la hora de comprar mascarillas, y el dinero que se llevó él también trajeron titulares por todo el país y una lucha entre la Fiscalía General del Estado y la europea, que solicitó investigarlo por su cuenta, pero Dolores Delgado denegó la petición, alegando que no había indicios de corrupción.
Esta semana, también se ha conocido el cobro de comisiones millonarias por parte de dos intermediarios que adquirieron material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. Por ahora, la Justicia ha embargado sus bienes y están llamados a declarar el próximo 25 de abril. Y no son el último caso que está bajo sospecha de haber llevado a cabo acciones irregulares.
El Gobierno de España, en el punto de mira
La Justicia también está investigando 56 contratos de compra de material sanitario que gestionó el Gobierno de España durante los peores momentos de la pandemia, y que costaron un total de 310 millones de euros. Tres altos cargos del Ejecutivo han sido llamados a declarar, mientras se continúa tratando de averiguar si hubo alguna irregularidad en estos contratos.
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El verdadero coste de la compra de material sanitario ha sembrado una gran polémica desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El Gobierno de España y muchos autonómicos se han cruzado acusaciones de no haber dicho toda la verdad, muy especialmente en estos últimos tiempos, en los que el crecimiento de investigaciones es continuo.
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