El juez Llarena no resolverá sobre la euroorden de Puigdemont hasta que el TJUE se pronuncie

Novedades sobre el ex presidente catalán Carles Puigdemont. El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, no resolverá sobre las euroórdenes contra el ex presidente catalán y su ex consejero, Toni Comín, para que sean entregados a España desde Bélgica hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie acerca de las eventuales medidas cautelares que los dos pueden presentar para que se restablezca de manera provisional su inmunidad parlamentaria.

Europa Press recoge una providencia de este mismo jueves en la que el magistrado ofrece respuesta a la petición de la Fiscalía, que solicitó reactivar las euroórdenes después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara la inmunidad de la que gozaban de manera cautelar los dos eurodiputados el pasado 5 de julio.

A su vez, el juez recuerda que el fallo que desestimó los recursos de los procesados contra la decisión del Parlamento Europeo de dar el suplicatorio contra ambos pedido por el magistrado, es susceptible de recurrir en casación ante el TJUE hasta el 15 de septiembre de este 2023. En tal caso se podría reiterar ante el TJUE la petición de restablecer cautelar y provisionalmente la inmunidad.

Hay que tener en cuenta que cualquier euroorden que se emita ahora quedaría paralizada de manera inmediata antes de alcanzar su objeto en el caso de que el TJUE admitiese la medida cautelar que se pida en los eventuales recursos de Puigdemont y Comín. Esto obligaría a interrumpir su tramitación internacional.

En el caso de que no se recurriera la decisión que se adopta antes, o si el TJUE decidiera rechazar la medida cautelar, se podrá adoptar la decisión que piden la Fiscalía y la acusación popular con una antelación suficiente operativa, puesto que el plazo máximo establecido para resolver cualquier reclamación de entrega es de tres meses.

El magistrado ha explicado que no habría dificultad alguna para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos. Para su desempeño se les concedió la inmunidad.

Delito de malversación

La Fiscalía solicitó a Llarena actuar contra Puigdemont y Comín por delito de malversación, que conllevaría pena de prisión de entre 6 y 12 años por la elevada cuantía de los fondos que, presuntamente, habrían desviado.