Ceuta

La juez imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

La magistrada María Tardón ha citado como imputado a Miguel Ángel Pérez en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

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Novedades judiciales en la causa que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez. Lo cita a declarar como investigado el próximo día 18 de noviembre. Esta imputación llega después de la declaración de un agente que indica que Delegación del Gobierno no avisó a las fuerzas de seguridad de la Frontera de los avisos del CNI.

Se trata por tanto de la primera imputación que se produce en esta causa en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva y que faltaban 19 mensajes y una conversación por desclasificar. La imputación, de la que han informado a fuentes jurídicas, se produce después de que el gobierno haya accedido a desclasificar los informes elaborados en relación a estos hechos por el Centro Nacional de Inteligencia y que fueron requeridos por la magistrada.

Miguel Ángel Pérez Triano dimitió alegando el "enorme coste personal y laboral". Denunciaba haber sufrido una fuerte presión, insultos y "una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras". Se marchó del cargo defendiendo la actuación de la Delegación durante la crisis y subrayando que no tenía "competencias en la seguridad de la frontera, ni el mando operativo ni en Defensa"

En el auto, la jueza también requiere a la Comisaría General de Información de la Policía un informe con las incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia que consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y 5 de agosto. Circunstancias todas ellas "compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles".

También acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00:01 horas del 30 de julio y las 23:59 horas del 31 de julio. Por ello, solicita estos dos informes con carácter previo a decidir sobre la batería de diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas esos días.

"Si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas", apunta.

"La normalidad más cerca"

Han pasado ya 106 días desde que más de 80.000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta cambiando la normalidad de la ciudad autónoma por una nueva realidad a la que los ceutíes rechazan adaptarse. Según los datos aportados por el Gobierno en los últimos días más de 15.000 los migrantes habrían retornado a Marruecos. Para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la "normalidad" está "mucho más cerca" de conseguirse.

No comparte esta visión ni el ejecutivo de Ceuta ni la población caballa. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, cifró hace casi un mes en 15.000 las personas que permanecen en la ciudad tras la avalancha. En ese momento el presidente Vivas volvía a insistir en que la ciudad vivía un deterioro de la seguridad y de los servicios públicos.

De esos migrantes que siguen en territorio nacional muchos duermen en alguno de los siete campamentos instalados, pero por el día siguen deambulando por las calles. Tampoco recuperan la normalidad los comerciantes cuyos negocios siguen soportando las consecuencias de esta crisis. La Cámara de Comercio ceutí cifró las pérdidas en 74 millones de euros. El equivalente al 3,5% del PIB de la ciudad.

Prueba de que la población de Ceuta no se resiste es la última protesta llevada a cabo. La Plaza de los Reyes amanecía este jueves cubierta con más de 700 flotadores y un mensaje en el que se pide que Ceuta no se olvide.

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