El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, sostiene que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones públicas y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
Así lo pone de manifiesto en el auto que ha dictado este miércoles para decretar una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma y su exsocio Diego Torres, a quienes acusa de "rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro" para que "no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo".
En la resolución, de un total de 542 páginas, el magistrado considera "claro y evidente" que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana "son nulos de pleno derecho", todo ello mediante convenios que daban forma jurídica a las decisiones que anteriormente habían sido adoptadas de forma "total y absolutamente injusta, al margen de cualquier expediente administrativo" que, a juicio del instructor, "hubiera perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas".
"Mediante la vestimenta del convenio de colaboración, las Administraciones permitían asegurar la concesión al señor Urdangarin de todo lo que éste pedía... prescindiendo de los criterios requeridos por la Ley, como son los de objetividad, legalidad y servicio a los intereses generales exigibles en la actuación administrativa", añade Castro.
A juicio del juez, las contrataciones obedecían "al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real". De este modo, añade, se decidía "personalmente" el conceder "el beneplácito" a las peticiones que el señor Urdangarin, por ser quien es, proponía a las diferentes Administraciones, convirtiéndose así en una mera cobertura de una decisión ya adoptada de antemano por los responsables políticos".
Es por ello que, insiste, las instituciones públicas "convirtieron, para poder cumplir los deseos" del Duque de Palma, "en una mera cobertura una decisión ya tomada de antemano, de forma puramente arbitraria".
Con todo, el magistrado apunta que a lo largo de la instrucción de la causa han aparecido "más que suficientes pruebas" de que tanto Urdangarin como Torres pudieron incurrir en varios delitos de malversación, prevaricación, falsedad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros.
"Todo es una auténtica trama urdida por los imputados para desviar fondos públicos en su beneficio, prevaliéndose de su condición de superioridad para, con ánimo de lucro, hacer que la Administración pública contratara con ellos de una forma total y absolutamente arbitraria", incide el instructor, quien recalca que para ello se saltaron "todas y cada una de las reglas que rigen la contratación pública y administrativa".
