La juez Mercedes Alaya ha decretado libertad con cargos para dos e directores generales de formación que formaban parte de los 16 políticos andaluces detenidos en la operación Barrado por su relación con los cursos formativos, todos los cuales han sido puestos en libertad desde el martes.
Este jueves han quedado en libertad Manuel Brenes, exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y Andrés Sánchez, ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. De esta forma, han quedado en libertad nueve ex delegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro ex directores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas (Málaga) y otro de Almonte (Huelva).
En las imputaciones leídas a varios delegados de Empleo, la juez sostiene que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE. Alaya preguntó en octubre pasado a un testigo protegido si la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público y dedicada a la formación, servía para financiar al PSOE.
Cuando el pasado martes se desarrolló la operación en las ocho provincias andaluzas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a dos delegados de la Consejería de Empleo en activo, la de Sevilla, Aurora Cosano, y el de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fueron cesados ese mismo día.
El resto de políticos habían ocupado sus cargos con anterioridad y fueron detenidos en una operación en la que la juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones relacionados con las iniciativas formativas pagadas con fondos públicos. La juez cifra en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuye esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía.
Varios abogados han criticado que Alaya ordenara detenciones a políticos en activo o dedicados a otras funciones que no tenían riesgo de fuga, en vez de citarlos como imputados, lo que les habría evitado, a algunos de ellos, pasar dos noches en los calabozos. Uno de los abogados, Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a un ex director general, ha denunciado la detención "innecesaria, desproporcionada y excesiva" ordenada hace dos días por Alaya, y ha afirmado que no descarta acciones legales porque cree que se han vulnerado "derechos fundamentales". Sólo una de las 16 personas detenidas declaró ante Alaya, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, imputado por la juez tras recibir más de 33 millones en cursos.
El resto se acogieron a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción solo ha pedido, hasta ahora, fianzas para dos de las detenidas, que fue de seis millones de euros para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, María de la O Ustarán. Además, la Fiscalía ha pedido para la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, de Lucena (Córdoba), una fianza civil de más de un millón de euros.
En la operación fueron detenidas las exdelegadas de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda; de Granada, Marina Martín Jiménez, directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí; y de Jaén Inés Sabalete, a la que un audio hecho público atribuye presiones a sus subordinados para que hicieran campaña a favor del PSOE en las elecciones autonómicas de 2012.
También fueron detenidos Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla e imputado en los ERE; Antonio Fernández Ramírez, delegado en Córdoba; Juan Manuel Bouza, en Cádiz; y Juan Carlos Lomeña, delegado en Málaga.
