Fiscal general
El fiscal general defiende su inocencia al afirmar que actuó dentro de sus "competencias" y con el objetivo de frenar una "campaña de desinformación"
La Abogacía del Estado sostiene que no hubo filtración ilegal.
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En el escrito de defensa presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al juicio al que se enfrentará por una presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reivindica su inocencia al argumentar que lo relevante ya había sido divulgado previamente desde el "aparato institucional de la Comunidad de Madrid" y, además, el contenido de la información estaba al alcance de unas 600 personas.
Según el documento, al que tuvo acceso Europa Press, la Abogacía del Estado defiende que no existe delito alguno, porque el fiscal general simplemente actuó "en el legítimo ejercicio de sus competencias" con el fin de "evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".
El escrito contradice el relato del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Este considera que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la 'Cadena SER' un correo electrónico enviado semanas antes por la defensa de González Amador a la Fiscalía. En ese correo, con fecha del 2 de febrero, se ofrecía un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de alcanzar un pacto con el Ministerio Público. La SER lo difundió a las 23:23 de segundo día de febrero.
Frente a esto, la Abogacía del Estado presenta un relato cronológico de los hechos. Desde que comenzaron las pesquisas a González Amador el 23 de enero de 2024 hasta el 14 de marzo, cuando la Fiscalía difundió una nota de prensa con los correos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto, no habría "ninguna conexión lógica" entre la filtración atribuida a García Ortiz y la publicación en la Cadena SER, según el escrito.
La defensa del fiscal general sostiene que el origen de todo se remonta a la publicación de eldiario.es, el 12 de marzo de 2024, sobre la investigación a González Amador que los periodistas del medio de comunicación dijeron tener ya desde el día 6, habría dado origen a una "operación perfectamente orquestada" por la Comunidad de Madrid "para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia".
El documento describe un "relato alternativo" construido desde el entorno de la presidenta madrileña al presentar a González Amador como víctima de una operación política diseñada desde el Gobierno central, en la que habrían participado de manera ilícita tanto la Agencia Tributaria como la propia Fiscalía "para desacreditar" a Ayuso.
Apuntan al jefe de gabinete de Ayuso
Sin embargo, ponen el foco en la actuación del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según la Abogacía, "al menos desde las 19:00" del 13 de marzo comenzó a enviar mensajes a distintos periodistas mediante WhatsApp, difundiendo dos "informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad": que la propuesta de acuerdo había partido de la propia Fiscalía y que luego a los fiscales se les prohibió pactar.
Además, Rodríguez habría puesto en contacto a González Amador con un periodista de 'El Mundo'. De esa conversación y los documentos facilitados se derivó la publicación, ese mismo día a las 21:29, de una información en la que el diario revelaba que la pareja de Ayuso reconoció los hechos ante la Agencia Tributaria (AEAT), que existía una propuesta de conformidad y, también, cuál era el contenido de esa propuesta.
Para la defensa de García Ortiz, la publicación de este medio debe considerarse una pieza clave, ya que trasladó "el núcleo esencial de las informaciones" a la opinión pública horas antes del supuesto envío del correo a la SER. Incluso subrayan que, a las 22:41, Rodríguez volvió a cargar públicamente contra la Fiscalía, esta vez en su cuenta de 'X', afirmando que el Ministerio Público se había visto obligado a retirar una oferta por "órdenes de arriba".
El fiscal desconocía los correos
En este punto, el escrito de defensa pone de manifiesto que "hasta la publicación de esta información, el fiscal general desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador". La Abogacía del Estado subraya que "no fue sino hasta las 23:44 del 13 de marzo cuando recibió el correo electrónico cuyo entrecomillado transcribía el artículo publicado por El Mundo".
Según explica, aquello que difundió el medio generó "primero, desconcierto por lo que se estaba publicando" y, más tarde, "preocupación por la confusión que se estaba generando sobre los hechos y, sobre todo, por la imputación pública de graves irregularidades en la actuación de la Fiscalía". Esto llevó a que García Ortiz "decidiera activar con carácter urgente" la dación de cuenta dentro del Ministerio para esclarecer lo sucedido.
El escrito precisa que el propio fiscal general recibió a las 21:59 horas del mismo 13 de marzo el grueso de los correos intercambiados entre Fiscalía y la defensa de González Amador, incluido el de 2 de febrero. Sin embargo, insiste en que no tuvo acceso a la cadena completa hasta las 23:44, momento en el que le llegó el correo del 12 de marzo al que aludía la información periodística.
Una estrategia de la Comunidad de Madrid
La defensa sostiene que fue "la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid" la que desencadenó "dos procesos independientes que se desarrollaron" en paralelo. Por un lado, "se suscitó un gran interés informativo" por la noticia de eldiario.es que llevó a varios medios a obtener y publicar el correo del 2 de febrero. Y por otro la necesidad del fiscal general de averiguar qué había ocurrido realmente y "recabar la información obrante en la Fiscalía".
Por lo que, apunta al propio abogado de González Amador de romper "unilateralmente" cualquier supuesta confidencialidad al enviar el correo a una cuenta genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado sin vínculo con el caso.
De hecho, recuerda que antes de la publicación de eldiario.es "había solo en la Fiscalía, alrededor de 600 personas que podían tener acceso" a la investigación, además del personal en el Decanato de los Juzgados de Madrid.
Medidas de "seguridad"
En cuanto al borrado del móvil y de la cuenta personal de Gmail de García Ortiz, la defensa argumenta que se trató de medidas de seguridad que hacía con "regularidad", así como para la cuenta de Gmail como una reacción a la llegada de mensajes "hostiles" tras hacerse públicos sus datos.
Asimismo, la Abogacía niega cualquier perjuicio a González Amador, recordando que, "con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad", la posibilidad de alcanzar un acuerdo judicial "todavía sigue abierta".
Finalmente, la defensa propone como testigos en el juicio tanto a González Amador como a Miguel Ángel Rodríguez, y rechaza la declaración de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que había sido solicitada por la acusación popular.
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