El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha comenzado a las 12,10 horas de este jueves su comparecencia como imputado ante la juez Alaya de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Administración autonómica.
La comparecencia, que estaba fijada para las 10,30 horas pero que finalmente ha comenzado con cerca de dos horas de retraso, se desarrolla en una sala de vistas de los juzgados con la presencia de más de 30 abogados personados en la causa.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, en principio, el ex interventor tiene intención de contestar a todas las preguntas que le formule tanto la magistrada como el resto de partes personadas en el procedimiento.
El ex interventor, que ha pedido a la Junta que le pague el abogado, está asistido por el abogado y presidente del Consejo Andaluz de Colegios deAbogados, José Rebollo.
Abogados personados en la causa han pedido a la juez que incorpore al procedimiento tanto el acta de la comparecencia del ex interventor el pasado verano en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz como la carta que dirigió posteriormente al presidente del Parlamento.
Gómez Martínez ha sido imputado en la causa junto con otros 19 altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, para la que la juez no ha fijado fecha de declaración.
El exinterventor compareció en 2012 ante la comisión parlamentaria de investigación, donde aseguró que detectó y alertó en quince ocasiones de "incumplimientos y deficiencias" en la tramitación de ayudas de la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "sin procedimiento legal".
En su comparecencia, sostuvo que el marco de las ayudas, la transferencia de financiación, es "perfectamente legal" porque tiene "respaldo" en las leyes presupuestarias de la Junta, pero "inadecuada", y aludió a distintos informes de varios años que detectaron "deficiencias" y vulneración de las normas de ejecución o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal".
