El 56% de los españoles considera "muy mala" o "bastante mala" la independencia judicial en España, lo que coloca al país en la sexta peor posición de los 28 miembros de la UE, por detrás de Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Italia y Eslovaquia, según datos publicados por la Comisión Europea (CE).
La percepción de la independencia de la justicia sigue siendo un reto para España", reconoció la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, en la presentación del cuarto estudio sobre los sistemas judiciales de los Veintiocho, que recoge datos sobre eficiencia, calidad e independencia de los mismos.
Jourova evitó entrar en cuestiones de política nacional española y se limitó a decir que los políticos nacionales deberían sacar sus propias conclusiones a la luz de los resultados del estudio.
Indicó asimismo que la actuación en España es en general similar a la de la media de países de la Unión Europea (UE), pero dijo que hay margen para mejorar en relación a la resolución de casos civiles y comerciales, el número de casos administrativos pendientes, y el uso y seguimiento de las encuestas de satisfacción.
Del 56% de los españoles que se mostraron descontentos con la independencia de la justicia, el 18% la calificaron de "muy mala" y el 38 % de "bastante mala", mientras que el 3 % la consideraron "muy buena", el 27% "bastante buena" y el 14% dijo no saber responder a la pregunta.
Más críticos que los españoles respecto a la independencia de la justicia fueron los ciudadanos de Bulgaria (70%), Croacia (66%), Eslovenia (64%), Italia y Eslovaquia (ambos, 61%).
En cambio, los ciudadanos más satisfechos fueron los de Dinamarca (donde solo el 7% de la ciudadanía calificó de "muy mala" o "bastante mala" la independencia judicial), Finlandia (12%) y Suecia (14%).
Entre los principales motivos de la falta de independencia, el 41% de los españoles citaron la interferencia o la presión del Gobierno y los políticos, el 38% el impacto de los intereses económicos y otros intereses específicos, y el 28% que el estatus y posición de los jueces no garantice suficientemente su independencia.
La CE también recoge datos sobre la percepción de la independencia judicial entre empresas. El 64% de las compañías españolas tienen una visión negativa, con el 18% que considera "muy mala" y el 46% "bastante mala", frente al 4% que la ven "muy buena", el 29%, "bastante buena", y al 3% que no saben.
La interferencia y presión desde el Gobierno y los políticos es también para las empresas la principal causa de falta de independencia (54%), seguida de la de los intereses económicos u otros específicos (50%), y la del estatus o posición de los jueces (35%).
En materia de eficiencia de los sistemas judiciales, la CE ha tenido en cuenta cuestiones como la duración, la tasa de resolución y el número de casos pendientes.
España tardó en 2014 una media de 242 días en resolver en primera instancia casos civiles, comerciales, administrativos y otros, frente a los 473 días que tardó en 2010 (para 2012 y 2013 no hay datos disponibles).
Otros Estados miembros tardaron menos, como Dinamarca (19 días), Estonia (33 días) y Polonia (55 días), mientras que otros tardaron más como Chipre (903 días), Malta (558 días) y Francia (304 días).
La tasa de resolución de casos civiles, comerciales, administrativos y otros en primera instancia en España se situó en el 1% como en la mayoría de los demás Estados miembros.
En el número de casos pendientes civiles, comerciales, administrativos y otros en primera instancia, España presentó en 2014 una media de 3,1 casos pendientes por cada 100 habitantes, frente a los 8,4 que tenía en 2010 (para 2012 y 2013 no hay datos disponibles).
Los que menos casos pendientes mostraron en 2014 fueron Suecia (0,8), Bulgaria (1) y Hungría (1,5), mientras que los que más presentaron fueron Eslovenia (12), Croacia (8,4) e Italia (7,4).
En cuanto al gasto público en Justicia, España dedicó en 2014 un total de 82 euros por cada habitante, por encima de Chipre (25 euros), Rumanía (29 euros) y Estonia (29 euros) y por debajo de Luxemburgo (179 euros), el Reino Unido (155) y Alemania (146 euros).
El número de jueces por cada 100.000 habitantes, ascendió en España a 12, por debajo de países como Eslovenia (45), Croacia (41) y Luxemburgo (40).
