España, único país que vota en contra de agilizar las deportaciones de migrantes a pesar de la crisis en Ceuta

Mientras en Ceuta continúan reclamando que se agilicen las deportaciones de los miles de migrantes que permanecen más de dos meses tras la entrada masiva a finales de julio, este jueves el Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento de Retornos, lo que permitirá crear centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria en la Unión Europea.

El reglamento ha sido aprobado con el voto favorable de 25 países, solamente dos no han dado su 'si' al esta nueva legislación. Uno de ellos es Bruselas, quien se ha abstenido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha sido el único que ha votado en contra de una propuesta para impulsar las deportaciones, tal y como piden los ceutíes.

El ministro de Justicia e Igualdad irlandés, Jim O'Callaghan, cuyo paÍs preside el Consejo de la UE este semestre, ha dicho que los elementos de este reglamento "contribuirán a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales".

Uno de los elementos es crear centros de detención fuera del territorio de la Unión Europea, donde se enviaría a los migrantes en situación irregular cuya solicitud de asilo haya sido denegada y que ya tengan una orden oficial de expulsión, mientras se tramita su deportación definitiva a sus países de origen.

En la misma línea apuntaron que cualquier acuerdo o convenio de este tipo "solo podrá celebrarse" con terceros países que respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura

¿Por qué España vota en contra?

España ha presentado una declaración explicando los motivos de su rechazo. Por un lado, en cuanto a los centros de retorno, manifiestan su "enorme preocupación" porque pueden provocar "inseguridad jurídica" y desprotección para los migrantes y las familias.

Con esta normativa, subrayan que los Estados miembros asumen "una gran responsabilidad y un riesgo inaceptable", en particular por eventuales litigios debido a una posible vulneración del principio de no devolución recogido en la legislación internacional. Lo que considera que puede afectar a la credibilidad de las relaciones exteriores con terceros países, y bilaterales de los Estados miembros.

Por otra parte, señalan que con esto se ha perdido la oportunidad de lograr un sistema europeo común basado en el reconocimiento automático de las decisiones de expulsión.

Del mismo modo que exponen que la legislación plantea para España "cuestiones sobre la legalidad y proporcionalidad de determinadas medidas" como el internamiento de los migrantes.

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