España empeora en el ranking de detención de la corrupción por segundo año consecutivo

España empeora su posición por segundo año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), según el estudio realizado por la organización Transparency International. Así, España ha bajado en el ranking un punto con respecto a 2021 y tres en comparación con 2020, situándose en una puntuación de 60 sobre 100, lo que refleja el escaso avance que ha tenido el país en materia de detección de corrupción.

De esta manera, no solo es que España no haya avanzado con respecto a la lucha contra la corrupción, sino que incluso ha empeorado su posición: se coloca en la posición global 35/180 de este ranking, obteniendo la misma puntuación que países como Botsuana o Cabo Verde.

"Una clara señal de riesgo"

En comparación con el resto de países de la Unión Europea, España se sitúa en el número 14 sobre 27, solo dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100) y un punto por encima de Letonia (59/100).

Aunque esta diferencia de puntación de un punto no supone un descenso significativo para los expertos, sí que consideran alarmante una caída en la lucha contra la corrupción por segundo año consecutivo: "es una clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente".

Sin regular los grupos de interés ni el acceso a la información pública

España se ha visto afectada por los parámetros medidos en el Global Risks Report 2022 del Foro Económico Mundial, en el que ha obtenido "una peor puntuación" en la dimensión referida a la categoría de "pagos irregulares en servicios públicos, exportaciones e importaciones y decisiones judiciales en casos de corrupción".

Asimismo, se añaden otras causas, como el hecho de que España continúa sin cumplir los estándares que marca el Consejo de Europa sobre judicatura en relación a la elección del Consejo General del Poder Judicial; sigue retrasada en la regulación adecuada de los grupos de interés, incompatibilidades y prevención de conflictos de interés del personal al servicio del sector público; así como un retraso notable en relación con la adopción de un nuevo marco regulatorio de transparencia, acceso a a información pública y buen gobierno.

Aumentar medidas de prevención

La presidenta de Transparencia Internacional de España, Silvina Bacigalupo, ha lamentado que, a pesar de que el año pasado constataban la existencia de una potente agenda legislativa para la prevención y lucha contra la corrupción, esta no se ha materializado de forma efectiva con las reformas legales anunciadas. Por ello, hace un llamamiento al Parlamento para que no lo aplace más y saque adelante las leyes necesarias destinadas a la prevención de la corrupción, al refuerzo de la transparencia y a la rendición de cuentas.