Publicidad

POR ORDEN DE LA JUEZ ALAYA

Detenidas 30 personas por el caso de los ERE en Sevilla y otras seis provincias

La operación de detenciones por el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía se está llevando a cabo en  Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona donde la Guardia Civil ha detenido ya a 20 personas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación simultánea en Sevilla y otras seis provincias españolas en la que han practicado una treintena de detenciones relacionadas con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Fuentes de la investigación han informado de que la operación ha comenzado sobre las 8.00 horas de este miércoles y se está desarrollando de forma simultánea en Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Las Palmas, Madrid y Barcelona, provincias en las que la Guardia Civil ha practicado una veintena de detenciones, entre los que se encontraría "algún abogado".

De este modo, los agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo actuaciones principalmente en Sevilla, y concretamente en lugares como el edificio Viapol, donde hay desplegados tres vehículos de la Benemérita y al menos una decena de agentes, o la Plaza Nueva, donde se encuentran dos coches del Instituto Armado.

Publicidad

Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del 'caso Begoña Gómez' el rescate de Air Europa

La Audiencia Provincial también ha levantado las dos imputaciones del juez Peinado al rector de la UCM y al exconsejero del PP de Madrid y actual Instituto de Empresa.

Imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

La UCO ratifica en el Supremo que el fiscal García Ortiz tuvo un papel "preeminente" en la filtración del novio de Ayuso

Los agentes de la UCO corroboran ante el Supremo las conclusiones extraídas del informe al decir que el fiscal general del Estado tuvo una "participación preeminente" en el caso de la filtración de datos del novio de Ayuso.