La defensa de Rodrigo Rato pide la retirada de pruebas y la anulación de la causa sobre el origen de su fortuna

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, llegaba esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid. Se ha sentado por tercera vez en el banquillo de los acusados para dar explicaciones sobre el origen de su fortuna. La defensa de Rato pide que se anule la causa, que está basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad.

Así se ha referido la defensa durante la presentación de la primera de las 8 cuestiones previas que planteará. Piden la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro del domicilio de Rato, que tuvo lugar en 2015. Aseguran que vulneró "la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad".

La abogada María Massó ha indicado que "en caso de no aceptarse su petición de nulidad de la causa", el tribunal debería eliminar la documentación incautada durante dicho registro. Massó indica que parte de dicha documentación se obtuvo sin las suficientes garantías procesales.

Piden 70 años de cárcel

La denuncia de la Fiscalía imputa a Rato cinco delitos contra la hacienda publica, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades. Sin embargo, se trata de algo insostenible porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas".

La denuncia "era mendaz", ha afirmado la abogada, y "los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria", con lo que en realidad lo que se ha planteado es una "causa general" contra Rato.

Entre otras cuestiones también destaca la solicitud del que fuera "mano derecha" de Rato, José Manuel Fernández Norniella, de que se le exima de acudir a las sesiones por motivos de salud. La petición ha sido aceptada. Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio se alargará hasta el 23 de mayo de 2024.

Rato ha pedido que se le dispense de asistir a todas las sesiones, para evitar que su incomparecencia obligue en alguna ocasión a suspender la vista.

La Fiscalía pide para el exvicepresidente unos 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, al igual que la Abogacía del Estado. La defensa de Rato alega que gran parte de esos hechos, entre los año 2005 y 2010, habrían prescrito.

La sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo, es la encargada de juzgar a Rato tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos. De ellos, ha asegurado la abogada de Rato, unos 40.000 no deberían figurar en la causa, ya que se obtuvieron de forma ilegal.

La Fiscalía aseguró haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros. También rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.

También veía "indicios racionales" de que el también exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith.

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