La dirección general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha abierto diligencias para averiguar si procede expedientar al Ayuntamiento de Madrid por la retirada de "vestigios" franquistas que ha realizado la corporación en los últimos días, una actuación que remitirá a la Fiscalía si observa indicios de delito.
Los últimos días la corporación municipal ha retirado el monumento por el fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, la lápida dedicada al falangista José García Vara y el monolito al Alférez Provisional en la plaza de Felipe IV.
Fuentes del Gobierno regional han recordado que la Ley de patrimonio histórico marca que este tipo de actuaciones deben someterse a la consulta de la dirección general de Patrimonio autonómica, que a su vez puede someter el asunto a la consulta de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Más si cabe, argumentan, cuando el elemento se encuentra en el entorno de una edifico catalogado y con protección.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha calificado de intolerable que el Ayuntamiento de Madrid haya retirado el monumento en recuerdo al fusilamiento de ocho monjas carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo.
Respecto a estas retiradas, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ha considerado que la actuación se encuentra fuera de la ley, porque el Ayuntamiento debería haber comunicado su decisión de forma previa a la dirección general de Patrimonio autonómica.
Ambos responsables han criticado, además de las formas, el fondo de la actuación municipal.
Según Cifuentes, hay que tener cuidado con este tipo de iniciativas y no buscar "vencedores ni vencidos", sino "tratar de cerrar heridas".
Por su parte, Garrido ha recalcado que los planes del Ayuntamiento de Madrid para retirar nombres de calles que se conocen hasta ahora afectan a personas que no están incluidas en la Ley de memoria histórica, por lo que ha pedido respeto a las leyes.
Garrido ha eludido contestar si el Gobierno debería haber modificado esa ley, alegando que no le corresponde a la Comunidad de Madrid entrar en ese tipo de decisiones.
