Comienza el Juicio a Trapero por la actuación de los Mossos en el referéndum del 1-O

Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio a la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su presunta participación y connivencia con la Generalitat de Cataluña en la celebración del referéndum del 1-O. Hoy se sentará en el banquillo quien entonces era su responsable, el exmayor Josep Lluis Trapero, como principal acusado.

Junto a él serán juzgados también los exjefes políticos de la policía autonómica catalana Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana. La Fiscalía les acusa de rebelión, al igual que a los líderes políticos del 'procés'.

Los fiscales piden para Trapero 11 años de cárcel y la vista tiene 28 sesiones fijadas entre el 20 de enero y el 19 de marzo. La defensa del exmayor de los Mossos pidió a la Fiscalía que modificara la calificación de los hechos antes del inicio del juicio, pero el Ministerio Público insiste en mantener la acusación por rebelión, al menos hasta el comienzo del juicio oral.

En esta primera semana de juicio se discutirán las cuestiones previas, uno de los momentos en que la Fiscalía puede cambiar la calificación de los hechos que se juzguen, y se escuchará la declaración de los acusados.

Previsiblemente las testificales comenzarán con la declaración de coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, el 3 de febrero.

A su juicio, el dispositivo diseñado por los mandos de los Mossos era claramente “insuficiente” y resultó ser una “estafa” cuyo fin era colaborar en la celebración del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Al igual que ocurrió en el Supremo, su visión de los hechos se verá corregida por el 'número dos' de los Mossos en el otoño de 2017, el comisario Ferrán López, que acabó por sustituir a Trapero en el mando.

Su declaración está prevista para el 4 de febrero y previsiblemente volverá a negar falta de acción de los Mossos, defendiendo que el cuerpo autonómico elaboró un plan de actuación para evitar el 1-O que fue ejecutado.

Previsiblemente, la Fiscalía mantendrá la acusación por rebelión hasta el inicio del juicio dado que la defensa de Trapero cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso. Según su criterio, una vez que el Supremo ha descartado el delito de rebelión en la sentencia del 'procés', el juicio debería trasladarse a la Audiencia de Barcelona que sería competente para juzgar un supuesto delito de sedición. La cuestión está aún pendiente de decisión del Tribunal.

En esta primera semana de juicio se discutirán las cuestiones previas, uno de los momentos en que la Fiscalía puede cambiar la calificación de los hechos que se juzguen, y se escuchará la declaración de los acusados. Previsiblemente las testificales comenzarán con la declaración de coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, el 3 de febrero.

La declaración de Pérez de los Cobos en el juicio del 'procés' fue demoledora. Ante el Supremo acusó de inacción a los Mossos durante la jornada del referéndum y criticó la actuación del cuerpo autonómico en los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía.

A su juicio, el dispositivo diseñado por los mandos de los Mossos era claramente “insuficiente” y resultó ser una “estafa” cuyo fin era colaborar en la celebración del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Al igual que ocurrió en el Supremo, su visión de los hechos se verá corregida por el 'número dos' de los Mossos en el otoño de 2017, el comisario Ferrán López, que acabó por sustituir a Trapero en el mando.

Su declaración está prevista para el 4 de febrero y previsiblemente volverá a negar falta de acción de los Mossos, defendiendo que el cuerpo autonómico elaboró un plan de actuación para evitar el 1-O que fue ejecutado. La Fiscalía entiende que Trapero fue una “pieza clave” para “llevar a cabo el plan secesionista” catalán y considera que tanto el exmayor de los Mossos como sus responsables políticos, Soler y Puig, son responsables de un delito de rebelión por contribuir la declaración de independencia y por “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”