El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por 15 votos a seis su informe al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. El informe, realizado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea, es muy crítico con algunos de los puntos de la ley, porque considera que "vulneran la libertad de expresión".
Aunque sí dicen que la ley "respeta el marco constitucional" al perseguir la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que les menosprecien, humillen o desacrediten.
Apología del franquismo
La principal pega que ponen los vocales es la que la apología del franquismo se recoja en la ley como causa para extinguir las fundaciones. Los jueces consideran que eso pone en riesgo la libertad ideológica y el de la libertad de expresión, siempre que no se humille a las víctimas.
El asunto ha llegado este lunes al Pleno del órgano de gobierno de los jueces con un segundo borrador, después de la falta de acuerdo entre los dos ponentes designados inicialmente para elaborar su informe al anteproyecto de ley, que en todo caso no es vinculante para el Gobierno.
A ello hay que sumar que el pasado mes de abril, el proyecto de Ley impulsado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, obtuvo un ajustado apoyo del bloque progresista en otro órgano consultivo, el Consejo Fiscal, para cuya consecución fue determinante el voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Entre los reparos que pusieron de manifiesto los vocales del Consejo Fiscal más conservadores estaba la indefinición en la que la ley deja la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal.
